UNIVERSIDAD DE POLITICAS UTILITARIAS

Con la habilidad que otorga la experiencia de años, el grupo que se ha apropiado de las instancias y recursos de la Universidad de Guadalajara, manipula en distintas vías. En primer lugar el control del Consejo General Universitario se realiza a través de jóvenes adolescentes de las escuelas preparatorias, que por su edad e inmadurez son manejados con facilidad. Sin escrúpulo alguno, sin respeto a su edad y su persona, denigran la condición de los jóvenes en beneficio del grupo que permanece en el poder.

Otro mecanismo es la amañada Ley Orgánica de la Universidad, que a través de una simulada autonomía evita la intervención de otras instancias públicas en la vida interna de la institución. Todo ello a contrapelo de la definición original de la propia Universidad, que se declaró desde sus inicios Universidad Socialista, esto es, Universidad de Estado. Esa situación fuera entendible si el fin de dicha autonomía fuese evitar la injerencia de instancias distorsionantes de su fin social o académico, sin embargo el objetivo real es evitar la molesta intervención de quienes piden cuentas.

En una parodia de la autonomía universitaria, bandera de personajes como Vasconcelos y el fundador del PAN Manuel Gómez Morín, el grupo la utiliza para evadir informar de políticas educativas y para evitar que los órganos auditores revisen las cuentas de la Universidad que son manejadas con discrecionalidad, en el gasto y en sus aplicaciones en proyectos faraónicos o personales del líder del grupo.

Un tercer instrumento de defensa de los intereses del grupo y el eje sobre el que fincan sus operaciones, es la manipulación a través de los partidos políticos, que a cambio de apoyos ajenos a la ortodoxia política, permiten la intervención de operadores del grupo de poder de la Universidad, para influir en decisiones partidistas y fundamentalmente del Congreso del Estado que beneficien y protejan sus intereses. El fin es cuidarse de modificaciones de Ley que pudieran amenazar el sistema de control de los órganos de gobierno y las revisiones del gasto.

Ejercen además chantaje sobre los gobiernos en turno, en las decisiones que puedan afectarlos por un lado y por el otro para obtener ventajas financieras, políticas y sobre todo impunidad. Su presencia en el Congreso les permite intervenir nombrando representantes y consejeros en el Poder Judicial y los organismos autónomos. Además de influir en los presupuestos de los gobiernos estatal y municipales y el propio de la Universidad, la aprobación de obras, auditorias o sanción de cuentas públicas. Lo que les genera un amplio margen de operación y presión sobre los funcionarios de distintos niveles y órdenes de gobierno.

Con una gran confusión de valores, el grupo que controla la Universidad de Guadalajara ha intervenido lo mismo en actividades internas de los partidos políticos, que en procesos electorales y que como consecuencia directa, al percibirlo la sociedad como una manipulación política, le ha generado desgaste social y desprestigio a la Universidad.

Los candidatos apoyados por el grupo, salvo casos excepcionales reciben una especie de maldición con la que cargan en las votaciones. El secuestro del PRD ha significado la minimización de ese partido, que ha perdido cualquier posibilidad de obtener triunfos electorales. El único objeto con que se le utiliza es con afán de controlar la fracción en el Congreso del Estado y que lo convierte en gozne que es utilizado para romper el equilibrio de fuerzas entre las fracciones del PRI y el PAN, permitiendo así que quien tiene el control del partido y por consiguiente de la fracción parlamentaria, tome las decisiones importantes del Estado.

Uno de los aspectos más grotescos y denigrantes de la utilización de la Universidad para fines electorales, es obligar a trabajadores, profesores y alumnos a apoyar candidaturas internas de partidos o bien campañas constitucionales abiertas, con candidatos impuestos por el grupo. Es sin duda una de las contradicciones más grandes en que puede caer una institución de educación superior, en lugar de promover la participación abierta y democrática de sus miembros, degradarlos a obedecer consignas electorales, triste papel de quien ordena, como del que obedece. Así quienes debieran ser los promotores de la democracia se convierten en instrumentos de quienes la corrompen.

Lejos de convertirse en una Universidad digna y de primer mundo, permanece la enajenación de alumnos y profesores, que ven violentados sus derechos elementales, en beneficio de quienes obtienen prebendas personales de partidos y elecciones, socavando los valores que debieran ser protegidos. Los universitarios se encuentran de esta forma sin posibilidad alguna de acceder a los estadios modernos de participación política y toma de decisiones, participando en la elección de autoridades democráticas y transparentes.

El manejo de la Universidad nunca ha estado alejado de los actos delincuenciales. En el año de 1993 se ligó a quienes la dirigían en el momento de la muerte del Cardenal Posadas, al grupo criminal de los Arellano Félix al aparecer el nombre de uno de ellos como titular de los teléfonos utilizados en los hechos violentos. El siguiente año los vehículos de la Universidad fueron ligados a transporte de la frontera norte a la zona de conflicto de los zapatistas, con la evidente intervención del líder del grupo de la Universidad, apoyando las actividades del grupo infractor.

En el año de 1979 el propio líder del grupo se vio envuelto en un homicidio. Fue detenido y encarcelado en las celdas de la entonces Policía Judicial de la Procuraduría de Justicia del Estado. El asunto nunca fue debidamente aclarado, por razón de que instancias superiores obligaron a cerrar la investigación y a liberar al indiciado, quedando en la oscuridad los hechos.

La propia muerte del último Rector, Carlos Briseño quedó envuelta en la bruma de los rumores y los oscuros pensamientos de quienes conocen los manejos del grupo. Asociada dicha muerte con la de otros actores de la Universidad, queda el mal sabor de boca de una forma violenta para la solución de los conflictos internos del grupo, mismas que las instancias de Procuración de Justicia del Estado no han aclarado debidamente, en lo que debió ser una investigación profesional y razonable de los hechos.

En el lento camino hacia la madurez nuestra sociedad sigue siendo cautiva de los grupos que utilizan el control de instituciones como las universidades para provecho propio. El costo ha sido pagar con decenas de años el retraso de la educación. Ese es el precio de la dependencia de grupos caciquiles.