Son varios los elementos que han
contribuido al deterioro en que actualmente se encuentran las corporaciones
municipales, empezando por el descuido de los órganos federales y estatales
encargados de supervisar la profesionalización y la depuración del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre otros yerros se encuentra el del
gobierno federal de no condicionar a los cerca de trescientos municipios de
mayor número de habitantes del país, a quienes se les entrega el subsidio
federal mejor conocido como SUBSEMUN a avances de
planes y programas. Por otro lado los consejos estatales de seguridad pública
se han desentendido de su obligación de vigilar el desempeño de las policías estatales
y municipales, como quedó evidenciado en el Estado de Guerrero.
La
ruta que ha seguido la iniciativa de la creación de las Policías Unicas
Estatales, como era de esperarse ha sido la de un debate informal de distintos
sectores y personajes de la sociedad mexicana. La tendencia a
creer que el asunto debe atenderse a partir de la centralización para el caso
estatal, entendida como una sola corporación, surge como reacción al problema
coyuntural de la explosión de delitos asociados a las bandas de la delincuencia
organizada.
Uno de los efectos más perniciosos
del asunto es el alto grado de impunidad delictiva que existe en el país,
propiciado precisamente por la falta de eficiencia de las instituciones de la prevención
y la persecución del delito. Una gran cantidad de delitos no son denunciados
porque se conoce el resultado nulo de las investigaciones. Los únicos datos
confiables sobre denuncias, son aquellos que por razón y necesidad de obtener
los pagos de seguros, se vuelve indispensable dicho trámite.
Evaluar el asunto de la unificación
policial nos lleva a considerar que se está tratando de resolver el asunto con
método inverso, esto es, se tiene un mando que será el responsable de hacer
eficiente la estructura policial y eso no ha resultado en experiencias anteriores,
antes bien se mantienen los criterios de autoridad vertical, lo que equivale a una solución de disciplina militar y ejercicio de la
fuerza. Bajo esta situación lo que se obtiene es un ente burocrático, que
acumula los vicios de las corporaciones y probablemente los potencia, ante la
imposibilidad de ejercer una supervisión cercana y personalizada, generando un
monstruo abusivo e incompetente.
Desde otro aspecto no se ha consolidado el servicio de Seguridad Pública porque no ha habido continuidad
en los programas que institucionalicen la función. A partir de 2008 se le han
dedicado asesoría y recursos que de alguna manera los conducen hacia la
profesionalización de sus órganos policiacos, sin embargo el descuido que han
sufrido los últimos dos años los llevó a un retroceso.
La Policía Unica Estatal no resolverá
de manera mágica el problema de la inseguridad, lo que se obtendría es una
coordinación de operación, misma que se puede establecer también mediante
protocolos para emergencias, a partir de organismos profesionales con un alto
nivel de capacidad operativa. A final de cuentas lo que falta es desarrollar
una mejor organización interna de las corporaciones y un mayor profesionalismo
de cuadros y de dirigencia.
Uno
de los conceptos que habrá de sufrir merma es lo que el Sistema Nacional de Seguridad
Pública ha denominado Proximidad Social y que consiste en la identificación y
cercanía del policía con los vecinos. Este concepto sostiene que la Seguridad
Pública debe caminar de la mano de las comunidades y si bien la policía debe
inhibir los hechos delictivos y las infracciones administrativas, deberá
hacerlo en coordinación con la sociedad para buscar el cambio de actitud y conducta
de los infractores, para llevar a esa comunidad a una convivencia armónica, evitando
en lo posible el uso de la fuerza. La salud social es el objetivo de dicha
función y no la represión sistemática del infractor.
El problema
que se vive en este momento se agudizó a partir de las reformas al Artículo Transitorio
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecía
como fecha límite para la depuración de las corporaciones el último de octubre
de 2012 y que comodinamente modificaron las cámaras federales para 2013 y mediante
una nueva reforma se estableció octubre de 2014. Todo ello a partir de la
argumentación de los municipios de no tener recursos para liquidar al personal
no acreditado y por la salida fácil para no contratar y capacitar personal que
afectaba las arcas municipales, recursos que aplicaron a renglones de mayor
rentabilidad popular y electoral.
Al evadir
el asunto se propició que los policías viciados consolidaran su actitud negativa
ante la falta de sanciones y quienes estaban indecisos al observar la tolerancia
a la deshonestidad, acabaron por pasarse a las filas contaminadas. Dicho
fenómeno se agravó de tal manera que en la actualidad cuando menos un municipio
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hace reuniones con los delincuentes en
las propias oficinas de la corporación.
Para
lograr la eficiencia deben revisarse y mejorarse procedimientos de operatividad
como atención y medición de los servicios, custodia de detenidos, cadena de
custodia de bienes, recolección, consulta y proceso de información, así como la
vigilancia de videocámaras, entre otros. Es necesario además diseñar
estrategias por zona de acuerdo al número y tipo de infracciones, perfil social
y edad de los infractores. Debe de manera definitiva sistematizarse el actuar
policial para dejar de lado la improvisación y crear un cuerpo de dirigentes con
capacidad gerencial y liderazgo.
Si
bien se consideren sueldos razonables para la seguridad pública, no es el único
elemento a ponderar, en algún momento ni siquiera será el principal. Quienes quieran
participar en la carrera policial habrán de buscar respeto a la normatividad de
la justicia, seriedad en la conducción de los procesos y honestidad en la
operatividad de la corporación. De aprobarse la Reforma Constitucional será todo
un reto para los gobiernos federal y estatal, arrancar y consolidar la Policía Unica.
