En
lo que podríamos llamar criterios de gobierno de los partidos políticos, se encuentra
una clara diferencia en la forma de interpretar la intervención del Estado en
la vida de los particulares de Acción Nacional y el Revolucionario
Institucional. Si bien se afirma que este último ha modificado su manera de
enfocar algunas prácticas del ejercicio público, en otros aspectos se percibe
con claridad el mismo concepto, cuando menos en el esbozo de los primeros días
de Enrique Peña Nieto.
Sin
entrar en la descripción de lo que podríamos llamar secuelas de una cultura de
la función pública en el país y de la que muchos ciudadanos esperaban una
práctica distinta de los gobiernos del PAN, podemos establecer que el estado de
cosas que condiciona nuestra vida democrática y política no sufrió cambios de fondo.
Por razones no claras no asumieron los gobiernos de dicho partido la
transformación del ejercicio de la función pública que la sociedad esperaba y pareciera
que prefirieron caminar por la ruta de los intereses creados, que permitió a
los gobiernos de dos sexenios mantenerse en un espacio de comodidad.
En
un intento de establecer las diferencias elementales de los dos gobiernos de
Acción Nacional, podríamos establecer
que Vicente Fox se manifestó como un personaje práctico y de concepción simple
del ejercicio de gobierno, asimilándola a dirigir una empresa particular,
llegando al extremo de olvidar que su función estaba regulada por normatividad
jurídica. De paso olvidó también considerar la visión histórica del país.
En
otro extremo se encontró Felipe Calderón de formación católica e ideológica
tradicional. Sufrió un fenómeno común de los gobiernos de Acción Nacional, la
falta de claridad de misión de su gobierno, lo que no le permitió tener un
proyecto que le permitiera arribar en la práctica a la Declaración de
Principios y Programa de Acción de su partido.
Sin
embargo en algo fueron coincidentes ambos gobiernos, en su concepto de Estado.
A pesar de la ideología conservadora de su partido, asumieron un principio de
liberalismo tradicional, “dejar hacer y dejar pasar”. Dejar en libertad la
acción de las distintas fuerzas de la
sociedad, situación que generó el abuso de los fuertes sobre los débiles. No
asumieron que la experiencia histórica ha obligado a los estados a intervenir
para garantizar los equilibrios, lo que significa brindar un mínimo de
justicia.
El
desconocimiento de la estructura social y política de determinado momento
histórico, lleva a los líderes de los gobiernos a tomar decisiones equivocadas
o a la inacción. De esa manera se puede decir que se considera la falta de
acción del Estado como una limitante del desarrollo natural de las fuerzas
sociales y por consecuencia de la democracia. Además dichos gobiernos por el
desconocimiento del desarrollo histórico, confunden la etapa histórica que se
vive.
Es
claro que dentro de la herencia de los gobiernos del PRI se encuentran los
grupos de poder actuales y que fueron utilizados de forma indiscriminada para
la manipulación política con cinismo pragmático. Mismos que los gobiernos de
Acción Nacional protegieron y utilizaron sin escrúpulo alguno. Sin embargo no
debemos olvidar que los ideólogos del Revolucionario Institucional generaron lo
que podríamos llamar la semilla de su desaparición.
Es
muy temprano para establecer que el nuevo gobierno va a mantener el ritmo y la
presión que viene ejerciendo sobre los grupos. La habilidad y su capacidad de
manipulación no es desdeñable y no es remoto que en el proceso logren complicidades
y condiciones para debilitar las acciones en su contra, sin embargo la
necesidad del gobierno de brindar resultados y hacer creíble su intención de mejorar
la vida de la nación, podrían obligarlo a mantener el ritmo y el sentido de las
decisiones.
Sin
embargo pasada esa etapa de resabio predemocrático, el mismo Estado se puede
convertir en un ente limitante de la democracia y como consecuencia del desarrollo
del país, cuando su intervención sistemática se convierte en un factor que
inhibe el libre movimiento de la acción individual.
Así
nos encontramos ante dos momentos determinantes del Estado. El papel de
equilibrio de fuerzas en una etapa de
inmadurez democrática y el de intervención mínima cuando esa sociedad ha
evolucionado. En el primer caso estamos ante la concepción de Estado como lo
concibieron los teóricos de El Renacimiento, cuando habla del dominio (El Príncipe),
sobre los señores feudales. El segundo es el que esboza Lenin, cuando afirma
que la última etapa del comunismo es aquella en que el Estado se convierte en
una administración de servicios, en la que ya no es necesaria la fuerza del
Estado.
La
concepción que el gobierno de Peña Nieto ha retomado es que el Estado es el rector
de las decisiones de la sociedad, es desde luego una interpretación de la etapa
en que nos encontramos, se refiere a un momento de subdesarrollo democrático y
político con sedimentos de feudalismo, ejemplarizada con la actuación impune de
los grupos de poder.
Lo
mismo se puede decir de los poderosos sindicatos que medran de los intereses
públicos y sociales como la educación y los hidrocarburos, como los feudos
monopólicos de importantes áreas económicas y de medios de comunicación entre
otros, que no solamente abusan con libertad absoluta sino que gozan de la protección
del Estado, en temas como el impositivo y las decisiones discrecionales de la
función pública a su favor.
Como
paradoja inesperada vemos que el Presidente que ha sido señalado como favorecido
en la pasada elección por los grupos de poder, acabará por desmantelarlos, ante
una intensa presión social. Sobre todo la actitud crítica de los jóvenes, que
se manifiestan a través de los modernos sistemas de comunicación, que han
puesto en jaque a los gobiernos autocráticos.
Pareciera
de esa manera que estamos en la antesala del regreso de un concepto de gobierno
que liquide los cacicazgos y grupos feudales que atosigan al país. Sería un
enorme avance hacia la democracia, una sociedad que a través de la presión
obliga a un gobierno a acabar con los obstáculos que frenan el desarrollo
económico, tecnológico, cultural y social del país.
De
esa manera el Estado Mexicano libraría la última batalla para lograr su soberanía,
como paso previo para arribar a la democracia plena. Esperemos que los criterios
de los pensadores del Revolucionario Institucional se consoliden para trasladar
al Estado de un estadio feudal al democrático.
Por
una errónea interpretación del momento histórico nos empantanamos por doce años,
es tiempo de retomar el camino y regresar por la ruta del proceso de la
democracia y superar ese escollo para entrar en una nueva etapa del desarrollo
histórico.