ESCENARIOS DE 2018

Aunque con algunos cambios en los actores la elección para gobernador del presente año anota ser una calca de la del año anterior en el Estado de México. Se repiten no solamente las conductas clientelares que llevan irremediablemente a confrontaciones agresivas, descarnadas y pandilleriles, sino también a propuestas facciosas de gobierno, que consecuentemente desembocan en posicionamientos de interés tribal del equipo triunfador.

Lo anterior deja fuera a lo que podríamos llamar el núcleo de cualquier democracia, la clase media y pensante y aleja la participación positiva y armoniosa de quienes actúan con un sentido desinteresado, en busca del bien social y el avance hacia mejores estadios de bienestar material, convivencia, realización colectiva y personal que conduciría a una sociedad civilizada, con menor tensión de convivencia y conflicto.

Si bien en el Estado de México la lucha final se presento entre el PRI y Morena y un crecimiento inesperado del PRD, en Jalisco los personajes perfilados son Movimiento Ciudadano y el PRI, teniendo en segundo plano la lucha por el tercer lugar de los candidatos de Morena y Acción Nacional.

Al momento y tomando como referente las encuestas de noviembre de Mural, se puede decir que encabeza el candidato de Movimiento Ciudadano, que en escenarios distintos plantea que en coalición con el PAN y el PRD obtendría 39 por ciento y una candidatura de solo Movimiento Ciudadano el 33 por ciento. Si consideramos que por acciones complejas en algunos municipios, distritos y la candidatura presidencial se presentan en coalición y en la gubernatura de manera individual, es difícil establecer cómo reaccionarán al final los miembros y simpatizantes de Acción Nacional ante las candidaturas al gobierno del estado, lo que influirá necesariamente en el resultado final del candidato de Movimiento Ciudadano.

En el afán de obtener un punto de referencia tomamos el voto de Movimiento Ciudadano de la elección de 2015 para diputados de mayoría relativa, que nos muestra un 30.6 por ciento estatal. Así si establecemos la media entre el máximo de los escenarios de la encuesta de mural para el candidato a gobernador que es el 39 por ciento y la que genera para partido de 2015, tendríamos un 34.8 por ciento.

En lo referente al candidato del PRI no tenemos información sólida de los medios de cuál es la posición real de Miguel Castro. El dato más relevante que nos sirve de referencia es el resultado de la elección de 2015. La votación del PRI en el estado de candidatos de diputados de mayoría relativa fue de un  28 por ciento, de lo que se ha insistido por estudios posteriores que el voto firme de ese partido es del 18 por ciento en tanto el otro 10 por ciento sería del voto simpatizante.

En lo que se refiere al candidato a gobernador de Morena el doctor Carlos Lomelí, algunos medios insisten en que mantiene un diez por ciento de la tendencia del voto, que podríamos considerar como real provisionalmente, en tanto se realizan estudios confiables que confirmen o modifiquen dichas tendencias.

En lo referente al PAN las noticias recientes nos informan que el candidato será Miguel Angel Martínez Espinoza, que con la confusión y desgaste que ha generado el Comité Nacional tendrá que luchar cuesta arriba en la obtención del voto. A falta de información confiable podemos recurrir a los resultados de la elección de 2015, que colocan a Acción Nacional en el plano estatal con un 18 por ciento.

De forma genérica podemos encontrar algunos rasgos que pueden influir en el ánimo del elector para definir su voto. Para el caso de Enrique Alfaro pudiéramos decir que si bien su administración de Tlajomulco de 2010-2012 dejó un buen sabor de boca, la administración de Guadalajara de 2015-2018 deja muchas inconformidades e incógnitas. En el caso de Miguel Castro cuenta en sus activos la administración de Tlaquepaque de 2010-2012 que dejó una agradable sensación de honestidad y eficiencia, en tanto que como funcionario del gobierno del estado a partir de 2012 fue anodina y plegada a los caprichos y veleidades del gobernador y su grupo.

El caso de Carlos Lomelí en Morena ha sido de montaña rusa. Logró un crecimiento electoral importante en Movimiento Ciudadano antes de ingresar a Morena, aunque su nombre sigue siendo discutido en relación a señalamientos de participación con grupos delincuenciales, ha logrado rebasar los límites que algunos observadores le impusieron, aunque habría que esperar el desenvolvimiento de el último tramo antes de la elección.

Por lo que se refiere al candidato de Acción Nacional en lo general se le considera un hombre honesto, aunque se le critica haberse plegado al grupo cortesano de Emilio González en la Secretaría de Educación y sus resultados en dicha función como en la Secretaría de Educación Pública con Felipe Calderón, son insustanciales.

Es de esperar que antes del arranque de las campañas formales algún medio publique encuestas con un nivel aceptable de certidumbre, lo que nos permitirá visualizar con mayor precisión las tendencias de votación. Sin embargo en una apreciación preliminar podríamos considerar un posicionamiento de Enrique Alfaro con el promedio cercano al 35 por ciento, Miguel Castro con un potencial techo de crecimiento del 28 por ciento, Carlos Lomelí luchando por un 15 por ciento y Miguel Angel Martínez Espinoza en busca del 18 por ciento, lo que haría una suma del 96 por ciento.

En el escenario anterior se puede considerar que la disputa se presentaría entre los candidatos de Movimiento Ciudadano y el PRI, en una indigna lucha por el treinta por ciento y que como decíamos podría acercarnos a la experiencia del Estado de México, en la que los partidos punteros no escatimaron esfuerzos ilegales e inmorales para obtener el voto clientelar, a través de chantajes y compra del voto con los dineros públicos, pervirtiendo de un golpe las administraciones públicas y  la democracia.

Los escenarios que se observan no beneficiarán a la democracia y por consecuencia a una mejor convivencia social y a la sana administración pública, que son los objetivos centrales de una sociedad civilizada y moderna.

EL DESARROLLO URBANO PERVERTIDO

Uno de los temas centrales que deben abordar quienes pretenden administrar el país, el estado y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es el crecimiento anárquico y agresivo en que predomina el interés utilitario sobre las personas y sus comunidades. El interés de los candidatos se manifiesta en declaraciones con lugares comunes y retórica, hablan de generalidades y de buenas intenciones sin que propongan algo concreto, que los comprometa a mejorar la vida de los habitantes.

La necesidad de vivienda de los pobladores del estado ha sido aprovechada por la voracidad de quienes pretenden acumular riqueza a cualquier costo, incluyendo el despojo de los ahorros de las familias. Esa condición ha creado constantes abusos, sumado a la rapacidad de autoridades estatales, municipales y representantes populares que se han prestado para modificar la normatividad.

El crecimiento urbano anárquico y acelerado viene a partir de la década de los noventa, aunque los orígenes son múltiples el primario es la comercialización de los ejidos, en una perversión del uso del suelo con finalidad distinta a la que se previó en el utópico proyecto del reparto de la tierra.

Fue durante el periodo de Alberto Cárdenas en que se construyeron las condiciones jurídicas para los grandes negocios inmobiliarios, con dos acciones centrales y otras periféricas, la primera fue la derogación de la Ley de Fraccionamientos, que condicionaba entre otras acciones la entrega del veinte por ciento de los terrenos a urbanizar a los municipios para convertirlos en terrenos de uso común, que se podían dedicar a parques y zonas verdes o bien construir iglesias y escuelas, lo que privilegiaba y garantizaba espacios para la convivencia social.

La Ley fue sustituida en 1998 por un Código Urbano que entre otras ventanas favorables a los desarrolladores, permitía incorporar las áreas de donación al desarrollo inmobiliario mediante la adquisición monetaria a los municipios. Aquello además de dañar los bienes comunales permitió que los negociantes y los funcionarios arreglaran bajo la mesa precios bajos por los bienes de uso común, a cambio de beneficios personales irregulares para los funcionarios.

La aprobación del Congreso del Estado de dicho Código a propuesta del gobierno de Cárdenas fue rápida y expedita por los diputados del PRI, PAN y PRD. Los representantes populares eran los líderes reales de los tres partidos, que hicieron caso omiso a su papel de contrapeso, asumiendo los acuerdos y arreglos con extrema diligencia entre rumores y sospechas de sumas de dinero que corrieron a sus bolsillos de las cuentas bancarias de los desarrolladores.

La segunda acción fue la creación de las figuras de Derecho Administrativo de la Negativa Ficta y la Afirmativa Ficta que permitieron a un Tribunal Administrativo acomodaticio, sustituir las decisiones de las administraciones municipales mediante triquiñuelas. No debemos olvidar que los tribunales se convirtieron en espacios de los grupos de poder locales mediante denigrantes cuotas de poder.

Otro factor determinante fue la intervención del gobierno federal en las políticas de vivienda. Destacadamente en el INFONAVIT regulado por la Secretaría de Hacienda que fija las condiciones para el otorgamiento de créditos y que la intervención de agentes aparentemente externos, determinaba la certeza de un mercado protegido con el ahorro de los trabajadores. Fue evidenciada por los medios la intervención  de los hijos de Martha Sahagún, en el sexenio de Vicente Fox para poyar a la empresa Homex, en la construcción del desarrollo de Santa Fé en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

Las empresas de mayor poder económico que con el apoyo federal se apoderaron del control de la vivienda fueron Homex, Geo y Urbi. En este sexenio y por razón de que perdieron la simpatía de los funcionarios, les fue restringida la protección discrecional de sus inversiones y cayeron en un bache financiero, que los llevó a la bancarrota de la que aun no logran salir.

En medio de los intereses y las corruptelas se encuentran atrapados quienes han obtenido un crédito para adquirir una vivienda aportando sus ahorros de vivienda, reunidos a través de su trabajo y que los gobiernos, las empresas desarrolladoras y personajes sin escrúpulos han convertido en objeto de su insaciable voracidad. Factores como el tamaño de la vivienda o la construcción de fraccionamientos sin cumplir los requerimientos mínimos para su habitabilidad que carecen de los servicios mínimos de alumbrado, agua, seguridad pública, transporte público, que los municipios se niegan a recibir por no cumplir los requisitos mínimos y que sin embargo fueron sospechosamente aprobados para su construcción.

El efecto es que muchas familias se han visto obligadas a abandonar las viviendas y perder sus ahorros por las condiciones infrahumanas que se generan con la falta de servicios, destrucción de vías, la violencia que provoca en la comunidad la falta de seguridad pública con la consiguiente incidencia delictiva, consumo de drogas y la proliferación de pandillas como fenómeno colateral.

Sumado a todos los fenómenos que agreden al desarrollo armónico de las familias debe considerarse el daño que se le ha causado al crecimiento equilibrado del estado, al privilegiar la Zona Metropolitana con inversiones de los gobiernos, para generar las condiciones favorables a los negocios inmobiliarios. Tampoco se ha actuado en la protección de los recursos naturales que se afectan como el abuso del agua para abastecer el entorno metropolitano, ni que decir de la incapacidad de los gobiernos para atender el tratamiento de las aguas residuales que se generan, entre otros muchos males en perjuicio de quienes viven en la Zona Metropolitana y de manera indirecta en el estado.