La procuración de justicia es el tema que más sufre del subdesarrollo de la administración pública. Carga con todos sus vicios, generando fatalmente un alto índice de delitos sin resolver y por consiguiente de infractores sin perseguir, a la vez que se fortalece otra enfermedad de la sociedad: la impunidad.
Tradicionalmente ha sido en la práctica, la persecución del delito, un sistema de control de la delincuencia, más que un método para abatirlo. La corrupción endémica ha acompañado el desempeño de una institución que debiera ser antes que todo modelo de la administración pública. Sus dos brazos, el Ministerio Público y la Policía Judicial o Investigadora como ahora se le denomina, han estado plagados de vicios y perversiones.
La Procuraduría de Justicia, asociada con los grupos criminales, ha marcado el ritmo delictivo, de tal manera que cuando la sociedad protesta por el alto índice criminal, se obliga a las bandas a moderar su actividad, para evitar que el gobierno en turno tenga problemas. Así funcionaba cuando menos hasta las últimas administraciones del PRI.
Este sistema, que bien pudo llamarse de Control de Estado, muy a tono con las tesis de Maquiavelo en hacer todo aquello que permita controlar los grupos de poder, justificaba los medios utilizados para lograr el fin de mantener un Estado fuerte. Tesis por lo demás aceptada y practicada por los teóricos liberales de los gobiernos del PRI como La Razón de Estado.
Cuando se presentó la alternancia con el gobierno de Alberto Cárdenas, hubo una fuerte presión social para sanear y democratizar los sistemas de gobierno, sin embargo los nuevos funcionarios no tenían el conocimiento del fenómeno ni la capacidad para enfrentar la nueva realidad. Perdieron el control de los mecanismos tradicionales sin generar un nuevo sistema, lo que provocó una severa crisis. La función de controlar las bandas delictivas, que antes realizaban el Procurador y el Director de la Policía, pasó a manos de los comandantes que sin restricción ni criterio alguno, las dejaron crecer y actuar. Así el robo de carros por ejemplo que en el sexenio anterior había sido de veinticuatro diarios, algo así como uno cada hora y que generó escándalo social, con Cárdenas subió hasta a setenta.
Fue notorio el desinterés que mostró el gobierno de la alternancia para resolver el fenómeno de la delincuencia. Al final del sexenio, y después de tres procuradores incompetentes, se presentaban casos como los de que los choferes de vehículos de carga asaltados en las carreteras de la entidad, cuando acudían a presentar su denuncia a las oficinas de la Procuraduría, se encontraban con los asaltantes, quienes pertenecían a las filas de la propia Policía Judicial.
Con el afán de evitarse el engorroso trámite de la aprobación del Congreso Estatal, Ramírez Acuña prefirió dejar a quienes ocupaban la función en la última etapa de Cárdenas. Este equipo dirigió la corporación los seis años de dicho gobierno y se distinguieron por su ineficiencia, además de constantes señalamientos de violación de derechos humanos.
No debemos dejar de lado que en el año de 1992, debido a la irritación generada por los excesos cometidos por las procuradurías de justicia, destacadamente la Procuraduría General de la República, se modificó el concepto constitucional que permitía a la prueba confesional ser el centro del proceso penal. De un solo golpe se eliminó el único sistema de investigación que se conocía, la tortura, sin ser sustituido por métodos de investigación alternos, que permitieran realizar investigaciones eficientes, generando un alarmante crecimiento de delitos sin resolver.
Cuando arribó la presente administración, la opinión general era que enfrentaría el añejo problema, nombrando personal si no conocedor y experto, condición difícil en el medio, cuando menos que garantizara un mínimo de eficiencia y honestidad. Sin embargo, la lógica de los intereses predominó y se dejó la solución para otro momento; como consecuencia, la dependencia quedó atrapada entre compromisos y vicios tradicionales.
A partir de las reformas acordadas por los partidos políticos en 1996, la aprobación del Procurador de Justicia pasa por el Congreso del Estado y requiere de una mayoría calificada, considerada ésta --en términos generales-- como de las dos terceras partes de los votos. Dicha aprobación se supone que se da a partir de una cuidadosa revisión de los antecedentes académicos, el conocimiento de la procuración de justicia, la aceptación social, el comportamiento en otros puestos públicos y la fama pública que tienen los candidatos. Las entrevistas exhaustivas por parte de las distintas comisiones deberían ser vistas como parte de un proceso público agotador, en el que se sujetara a rigurosos interrogatorios a los aspirantes.
Nada de eso sucede, el nombramiento generalmente nace de componendas de los grupos de poder que controlan las fracciones parlamentarias. La calidad del personaje es lo que menos importa en el proceso de nombramiento. Y la demanda de la sociedad por una eficiente procuración de justicia se convierte en un tema de importancia secundaria.
Para resolver en definitiva el fenómeno de la investigación y persecución del delito, debe abordarse desde un ángulo distinto. Es necesario iniciar con un diagnóstico acucioso en el que se considere, como punto de partida, que la procuración de justicia es solamente una etapa del proceso y sistema integral de la seguridad pública, del que participan también la prevención, la administración de justicia y la readaptación. La consecuencia deberá ser modificar la estructura legal, la sustantiva, la procedimental y la orgánica, a la vez que se realiza una reingeniería de la administración. Se debe buscar la eficiencia y acabar con procedimientos burocráticos y amañados, generando procesos sencillos y transparentes, además de enfocar la investigación desde el ángulo forense e impulsar programas de profesionalización y depuración del Ministerio Público y la Policía Investigadora.
Es necesario romper el círculo vicioso de improvisación, corrupción e impunidad, mediante mecanismos de capacitación del personal, mejorando y adecuando salarios, con sistemas de escalafón por desempeño y garantizando la estabilidad y seguridad en sus puestos de trabajo; debiendo castigar a la vez, con severidad, las conductas anómalas.
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