LA OPORTUNIDAD QUE SE PERDIO EN TLAJOMULCO

La administración que inició en 2010 en Tlajomulco logró un entusiasmo inusitado en la población del municipio, por fin habría alguien que entendiera lo que sus habitantes querían y necesitaban. Rescatar la administración municipal de las satrapías que la habían llevado a la ruina los últimos trienios.

Gobiernos del PRI y del PAN habían convertido el desarrollo territorial y la propia administración en un botín que se disputaban los recursos públicos, a la vez que las decisiones y políticas municipales en negocios multimillonarios.

En tanto que las grandes inmobiliarias eran protegidas por políticas del gobierno federal, que impulsaban los créditos a través de organismos públicos como el INFONAVIT que son regidos por criterios de la Secretaría de Hacienda y que beneficiaban a empresas desarrolladoras, en las que intervenían personajes públicos y sus familiares.

Todo facilitado a su vez por el Código de Desarrollo Urbano de 1998, promovido por los desarrolladores que compraron las voluntades de funcionarios del gobierno del Estado y de los diputados del Congreso. Afectó el Código severamente los intereses sociales que protegía hasta entonces la Ley de Fraccionamientos, que moderaba los abusos de los particulares en perjuicio de los recursos naturales y los bienes de uso común.

Tlajomulco fue campo fértil de dichas acciones perniciosas, acrecentadas por administraciones permisivas y depredadoras, sin conciencia del cuidado urbano y la protección de los recursos naturales. La consecuencia fue la mayor tasa de crecimiento poblacional del  país.

La nueva administración llevó una bocanada de aire fresco al municipio, frenando los negocios que se generaron a partir del año dos mil. Uno de los casos más ilustrativos fue el intento de parar la contaminación del lago de Cajititlán, que a consecuencia del desarrollo anárquico y brutal, fue afectado por los desechos de los fraccionamientos del sur y del entorno del lago.

Con inversión federal y estatal se impulsó la canalización de las aguas residuales y la creación de plantas de tratamiento para reciclarlas, sin embargo los tres años de la administración no alcanzaron para terminar las obras. Por otra parte el interés social de los funcionarios mutó hacía los intereses personales y las ambiciones se desataron, convirtiendo el rescate del lago en una charada. Solamente se hizo un malecón, inversión inútil y adorno absurdo de un lago contaminado.

Otro proyecto fallido después de despertar grandes expectativas, fue la seguridad pública. En él se involucraron todos los sectores del municipio, con especial interés los partidos políticos representados en el Cabildo. Se construyó una estructura reglamentaria y se crearon órganos que promoverían la Carrera Policial y vigilarían el comportamiento y la eficiencia. Para ello se promovió la participación de vecinos, líderes, regidores, funcionarios y universidades, entre otros.

Al término de la administración de 2010 todo fue dejado de lado, a la vez que se promovieron personajes afines al gobierno de Emilio González Márquez para dirigir la corporación. La nueva administración vio en los órganos una amenaza para sus intereses y se promovieron reformas a los reglamentos, que permitieran la manipulación de las promociones y evitar a la vez la intervención de la ciudadanía en la operación de la seguridad pública. No se quería además que los líderes sociales observaran las decisiones del área, en beneficio de los intereses que el tiempo habría de exhibir.

Así el Presidente Municipal manifestó al periódico El Informador, que el siguiente director de seguridad pública sería el ex director de Reclusorios del gobierno de Emilio González y que en su administración se desarrolló el llamado autogobierno, que significa el control de la administración por la delincuencia organizada. Por la inconformidad y crítica desatada por el personaje, se vio obligado a cambiar la propuesta, nombrando al final a quien había sido asistente del Secretario de Seguridad Pública de Emilio González, lo que significó que la decisión de entregar la seguridad pública del municipio a los intereses de dicho grupo, se mantenía vigente.

Por su parte quien fungía como director operativo y se desempeñó con anterioridad como escolta del primer presidente municipal, tuvo que huir al ser señalado en una averiguación del Ministerio Público como cómplice del grupo delincuencial, que entre otros delitos cavó una fosa con restos humanos en la avenida Adolf Horn.

En el segundo trienio, se distinguió Tlajomulco por ser el municipio del país con mayor número de tomas clandestinas de los ductos de combustible, siendo protectora de dicho delito la corporación, misma que estaba en la nómina de la delincuencia organizada. Además de proteger la producción, traslado y venta de droga.

Por su parte el lago de Cajititlán se colapsó con la muerte de cientos de toneladas de peces, consecuencia evidente de la grave contaminación. Provocado por el abandono en que lo tenían las autoridades, quienes solo acataron a presionar a los medios para que dejaran de publicar la catástrofe ambiental. Los fraccionamientos nuevos empezaron a surgir y el desarrollo urbano retomó la dinámica de los trienios anteriores.

Sin embargo para los habitantes del municipio, quedaba la esperanza de que la tercera administración regresaría al rumbo extraviado. A un año de que inició no ha logrado mayores avances, la seguridad pública sigue empantanada entre escándalos y los recursos naturales permanecen en alerta ecológica permanente, el lago por su parte sigue siendo un desastre. Más allá de posturas y lenguaje retórico no han mostrado resultados, salvo la creación de burocracia no hay avances. 

La administración de 2010 fue solamente un relámpago que generó confianza de mejora por tres años, para ser avasallada al final por los intereses y la ambición desmedida en detrimento de la población, aunque quizá el mayor daño sea haber destrozado la esperanza en una administración municipal eficiente y honrada.