Para
las administraciones públicas municipales que inician en octubre de 2015, la
seguridad pública será sin duda su mayor dolor de cabeza, como apuntan los
hechos actuales y como se ha venido manifestando en la actual administración,
en que más que avances se ha retrocedido dramáticamente en términos de
mayor corrupción e ineficiencia.
Las
manifestaciones se presentan en denuncias y quejas ante los órganos de procuración
de justicia, de contraloría y de derechos humanos. Por ejemplo en el municipio de Tlajomulco de
Zuñiga de una plantilla laboral de menos de 600 policías, la delegación de la
Fiscalía General tiene registrados hasta el mes de septiembre 50 denuncias de
abusos, la Jefatura de Asuntos Internos 80 quejas y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos 70.
Son
varios los elementos que han contribuido al deterioro en que actualmente se
encuentran todas las corporaciones, empezando por el descuido de los órganos federales
y estatales encargados de mantener la mejora de la profesionalización y la
organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre
otros yerros se encuentra el del gobierno de Peña Nieto de desentenderse de
obligar a los poco más de doscientos municipios de mayor número de habitantes
del país, a quienes se les entrega el subsidio federal mejor conocido como SUBSEMUN,
para condicionar la entrega de dicho subsidio a los avances de planes y
programas. Por otro lado los órganos estatales como el Consejo Estatal de Seguridad
Pública, se han desentendido de su obligación de vigilar el desempeño de los
municipios en el cumplimiento de los avances del Sistema.
Los
gobiernos han desatendido, sobre todo por el desconocimiento del propio Sistema
y sus objetivos, como es el caso del Centro Nacional de Información conocido
como Plataforma México. Fue abandonado por el gobierno federal, a pesar de los
avances que había obtenido en su función estratégica de obtener y concentrar la
información de todas las corporaciones del país, de los órganos de procuración
de justicia, de los sistemas judiciales y los centros de detención.
Esas
decisiones le granjearon al gobierno federal una fuerte fricción con el
Departamento de Estado Norteamericano, sobre todo porque fue financiado con
recursos del Plan Mérida. El Centro de Información quedó empantanado operando
como un órgano burocrático, desaprovechando un instrumento valioso para la
unificación de información, de criterios policiales, criminológicos y
tecnológicos.
Sin
embargo lo que para los efectos locales se debe considerar es la visión que los
partidos políticos y sus candidatos tienen para enfrentar la función de la
seguridad pública y la ineficiencia de las corporaciones. Asunto nada fácil y
aun más preocupante si quienes han de administrar los municipios siguen
considerando que sea la federación quien resuelva los problemas sobre todo de
financiamiento, como sucedió con las pruebas de Control de Confianza, que
retrasaron la depuración de las corporaciones por dos años,
agravando el ya de por si grave problema de falta de personal y la corrupción
policiaca municipal.
Lo
que la ciudadanía debe esperar de las siguientes administraciones es un Plan de
Seguridad Pública sólidamente estructurado en que se manifieste con claridad lo
que se va a hacer y lo que es más importante como lo van a hacer. Por ejemplo
nadie dice y es de esperar que todo mundo evitará decirlo, cómo resolverán el
grave problema de las nóminas de la delincuencia organizada, fenómeno común a
todos los municipios de la Zona Metropolitana. Es claro que en esos municipios
se tiene comprometida prácticamente a toda la corporación, empezando por sus
dirigentes.
Un
Plan implicaría que cada partido y candidato presentara su proyecto para los
tres años, en que nos dijera como piensa resolver en cantidad y calidad los servicios.
Por ejemplo a partir del instrumento de medición llamado Informe Policial, cuántos
servicios se proponen generar en las diferentes etapas de la administración. Sería
deseable que cuando menos en el término de los tres años, se obtuviera el
objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de diez servicios por mes
por elemento. Actualmente producen menos de tres servicios.
Otro
aspecto de la cantidad implica sus recursos, para el caso de los recursos
humanos, en este momento las corporaciones apenas cuentan con 1.2 policías por
cada mil habitantes, siendo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene
considerado un piso de 1.8. Una administración municipal eficiente debe ofrecer
tener al final de su periodo tres policías por cada mil habitantes.
Para
el caso de los recursos materiales se debe tener en la calle cuando menos una
patrulla por cada doce policías, considerando que el vehículo trabaje los tres
turnos en forma constante. Además de programar gasto para una reingeniería
operativa que considere adquisición de edificios, equipamiento y tecnología.
En
lo referente a la calidad de los servicios debe partirse de manera elemental en
el tiempo de respuesta, misma que no debe atenderse en no más de cinco minutos,
además de la presencia permanente de patrullaje geográfico para generar la
disuasión de delitos y faltas administrativos. En este tema debe considerarse
además la actuación profesional del personal.
Para
lograr esos objetivos de cantidad y calidad, por depuración de personal, contrataciones
y capacitación, adquisición de recursos materiales y tecnologías, entre otros, las
administraciones deben programar un gasto anual importante, además del que se viene ejerciendo.
Por
ejemplo para el caso de Guadalajara debe considerarse una inversión anual de
ciento cincuenta millones de pesos. En Zapopan que no es necesario aumento de
sueldo, sería un gasto de ciento veinte millones. Tlajomulco de Zuñiga requiere
de una inversión anual de cincuenta millones de pesos.
Habrá
que esperar las propuestas de campaña que se hagan para el tema, sin embargo la
ciudadanía deberá estar atenta para que en el camino no se modifiquen las
inversiones, sobre todo canalizadas a la obra pública, misma que representa una
tentación permanente para los administradores como fuente irregular de recursos.
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