PERSONAJES DEL 2015. EMILIO GONZALEZ

Estamos viviendo uno de los momentos más cruciales de nuestra vida democrática, acciones que se ven aisladas y aparentemente sin sentido si se revisan cuidadosamente nos llevan a considerar la enorme fuerza que mantienen los grupos de interés del Estado y que además ejercen una amenaza permanente a nuestra tierna democracia. La habilidosa maniobrabilidad de los personajes que se mueven en el contexto y que no por ser conocidos por su falta de escrúpulos, dejan de sorprender por sus acciones audaces para protegerse y continuar ejerciendo el control de la vida pública, a la vez que mantienen e incrementan el monto de sus fortunas a costa de la sociedad.

Uno de los casos emblemáticos de la vida política de Jalisco es el de Emilio González Márquez último gobernador panista, que extrañamente se ha convertido junto con sus  incondicionales en intocado e intocable por los gobiernos estatal y federal del PRI, que sucedieron a los de Acción Nacional.

  

En una decisión desconcertante el recién electo gobernador de Jalisco anunció el nombramiento de Carlos Nájera Gutiérrez como responsable del tema de seguridad pública en el Estado. Para operar dicha decisión se acordó reformar la Constitución Estatal y se crearon leyes al vapor para crear la figura que llamaron Fiscalía General y que abarca tres etapas de la seguridad pública la prevención, la persecución del delito y la readaptación de los infractores. El nombramiento incluía para los observadores, un manto de protección para el anterior gobierno bajo cuya sombra había operado Carlos Nájera los intereses de Emilio y su familia.

El nombramiento causó asimismo extrañeza porque en el gobierno de Emilio González las áreas a su mando se caracterizaron por los abusos y la corrupción, como fue el caso de los reclusorios que se entregaron a los internos para que ejercieran el autogobierno, con la consecuente corrupción y distorsión de la readaptación social. Por su parte la policía preventiva estatal se caracterizó por la corrupción y la permanente violación de derechos humanos. Los medios informaban constantemente de los ilícitos que cometían los uniformados estatales incluyendo homicidios.

Aunque cabe aclarar que más extraña fue la actitud pasiva de Movimiento Ciudadano al avalar las reformas constitucionales y de leyes propuestas por el PRI y su gobierno, para crear sobre las rodillas un ente que sigue siendo prototipo de ineficiencia, abusos y corrupción, además de prácticamente aprobar el nombramiento de Carlos Nájera Gutiérrez como Fiscal General por sus diputados en el Congreso del Estado. Como corolario de este capítulo Nájera les enchalecó en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga gobernado por ese partido, a uno de sus asistentes como Director de Seguridad Pública.

La aprobación de la propuesta de Carlos Nájera para Fiscal General por parte de los diputados de Acción Nacional pareció lógica, puesto que no iban a incrementar el escándalo de un personaje que se había formado en un gobierno de su partido, aunque entre sus cuadros generara sorda inconformidad.

Otro caso patético del entorno de Emilio González fue el Procurador del Estado Tomas Coronado Olmos, quien fue señalado desde sus inicios por acciones de corrupción de menores y posteriormente de participar de acuerdo a información de medios, con familiares de Emilio en contubernio con la delincuencia organizada en delitos como trata de blancas y homicidios, mismos que nunca fueron debidamente investigados y aclarados. 

El tercer personaje que aparece en el entramado de acciones delictivas y participando de los intereses de esa corriente es Herbert Taylor. En una extraña asociación de personajes del actual gobierno con el anterior, al que todo mundo esperaba que los priistas subieran a la balanza de la justicia, aparece Francisco Ayón en su carácter de Presidente del Consejo del Instituto de Pensiones del Estado para revivir otro caso de escándalo, el desarrollo de Chalacatepec en el municipio de Tomatlán. En dicho proyecto Pensiones inyectaría otra sustancial cantidad de dinero de los trabajadores del Estado.

El proyecto fue forzado desde su inicio en el afán de hacer grandes negocios a costa de la inversión pública y en el que se invirtieron más de mil millones de pesos de los ahorros de los servidores públicos en el Instituto de Pensiones. Ahora se encuentra empantanado por los sectores afectados y se le pretende recuperar mediante nueva inversión pública. Entre otras aparece la inconformidad de los ejidatarios titulares de los derechos de posesión de la tierra, que recibirían un pequeño pago por sus parcelas.

  

Sin embargo Emilio González no ha sufrido presión alguna por la investigación de la procuración de la justicia, tampoco los gobiernos muestran interés en obligarlo a pagar los abusos cometidos con los recursos federales y estatales de que dispusieron él y sus protegidos. A pesar de la irritación popular se sigue sin ejercer acción contra los funcionarios del sexenio pasado que abusaron en los distintos ámbitos de gobierno desde las finanzas hasta la seguridad pública y la procuración de justicia.

Lo que resulta paradójico es que los personajes que más destacaron en la administración de Emilio González por sus acciones delictivas ahora resulten protegidos por un manto de impunidad. Constantes rumores señalan que Carlos Nájera será candidato a diputado federal plurinominal por el PRI en la elección del año venidero, en un claro movimiento de protección legal que se traduce en fuero constitucional ante cualquier investigación criminal.

Por otro lado los panistas escuchan con asombro que Emilio González logró de Gustavo Madero como pago al apoyo a la candidatura de la Presidencia del partido, que Tomás Coronado Olmos sea también candidato a diputado federal plurinominal en la elección de 2015, lo que lo protegería ante los diversos señalamientos de la perversión de la procuración de la justicia durante su periodo, además de otros delitos. El asunto no es menor para los panistas puesto que ese funcionario tiene su origen en una organización religiosa, creada en la década de los cuarenta por el gobernador del PRI Marcelino García Barragán

Con el fuero a los operadores de Emilio González se lograría además del silencio de los involucrados, la protección a los hermanos del último gobernador de Acción Nacional. Y qué decir del gran negocio promovido por los líderes del gobierno anterior, el proyecto de desarrollo turístico de Chalacatepec, en los que en una ostentosa complicidad, participan los líderes de los principales partidos políticos de la entidad, además de funcionarios del gobierno actual.