Inició el periodo de gobierno el primero de marzo de 2001 y lo terminó el primero de diciembre de 2006, para incorporarse al gobierno de Felipe Calderón. Arribó Ramírez Acuña a la gubernatura mediante un proceso electoral cuestionado, habiendo obtenido el triunfo por un estrecho margen. Ejerció la función pública bajo principios tradicionales, sin atender los requerimientos de la población y rodeado de un equipo de improvisados y sin conocimiento de la administración. Se distinguió por la inmovilidad, durante cinco años los funcionarios se dedicaron a hibernar, además la administración transcurrió entre conflictos y tensiones con el gobierno federal.
Los funcionarios actuaron con superficialidad y manejaron con desorden e irresponsabilidad los recursos, no hubo planes, programas ni proyectos, todo se resolvía por presión de la coyuntura o de acuerdo a la ocurrencia. La inversión pública se realizó hasta el último año, centralizada en la zona metropolitana con la intención de resolver los problemas de vialidad, se privilegió el uso del automóvil sobre los intereses del peatón. Rodeados de críticas por otorgar la obra pública a los incondicionales del gobernador, se habló de grandes negocios, de ineficiencia y corrupción. Por su parte el transporte público fue llevado a un mayor grado de deterioro del que lo dejó Alberto Cárdenas.
Si Cárdenas tuvo algunos aciertos como fue el impulso a las regiones, el gobierno de Ramírez Acuña saboteó los avances que se habían obtenido. Dependencias como el COPLADE que debieron haber sido el motor de crecimiento de los municipios y las regiones, fueron neutralizadas y sus recursos se destinaron para proyectos partidistas y de grupo. De ahí buscó y obtuvo la presidencia del Comité Estatal del PAN Eduardo Rosales, también de ahí partió Jorge Salinas para una diputación local.
Es emblemático el caso del Registro Civil, al que el gobierno de Alberto Cárdenas otorgó especial apoyo para agilizar la atención al público, quedó entrampado durante todo el sexenio de Ramírez Acuña viendo crecer de nuevo los rezagos. La educación por su parte sufrió un retroceso, en manos de funcionarios desconocedores del tema y cargados de prepotencia y altanería que hicieron a un lado a quienes tenían el conocimiento para avanzar en ese difícil terreno. Se perdió además la disciplina administrativa en un espacio de por si burocratizado. Destacó junto a la improvisación y el capricho, la práctica de negocios irregulares por decir lo menos, como los que se hacían en el entorno de las cooperativas escolares, con productos promovidos por el mismo Secretario de Educación.
La obra en la construcción de escuelas fue un verdadero desastre, donde imperaba la imposición caprichosa de empresas constructoras y de mala calidad, llegando al extremo de tener que desalojar escuelas recién terminadas por el riesgo que representaban para quienes permanecían en sus instalaciones. Las secciones sindicales continuaron marcando la pauta de la educación e imponiendo sus intereses, que dejaron en el abandono a los profesores que se esfuerzan por cumplir con su deber, sin apoyo ni atención de ninguna especie arrastrando la educación la inercia de decenios.
La procuración de justicia y la seguridad pública fueron manejadas con improvisación y ligereza, siendo acusadas las dependencias por violentar constantemente los derechos humanos. A los funcionarios se les señalaba de incompetentes, las policías continuaron siendo acusadas de abusivas y corruptas y las agencias del Ministerio Público de burocratizadas y deshonestas, todo ante la mirada impasible de los titulares de las dependencias.
La promoción económica y el empleo solo fueron elementos de los discursos y los informes, salvo contadas excepciones en que las áreas trabajaban con recursos escasos y ausencia de apoyo y que lograron algunos avances, no hubo mayores resultados. Renglones productivos como la industria del tequila, fueron abandonados a los intereses de las empresas trasnacionales y la rapacería de las instancias del gobierno federal que emitieron normas oficiales y tomaron decisiones para favorecerlas. En tanto que el gobierno local se desentendió de la necesidad de reordenar la cadena productiva desde el productor de la planta de agave hasta la generación del producto, pasando por los procesos de eliminar la venta de tequila a granel y la producción ligada con mieles en lugar del producto con el cien por ciento de agave.
Al final fue exhibida la administración por el desorden y la corruptela en el ejercicio del presupuesto en las dependencias. La propia Contraloría del Gobierno del Estado no tuvo la capacidad de frenar los abusos ni encauzar las malas conductas, siendo exhibidas la mayoría de las dependencias por sus prácticas deshonestas en la administración de los recursos, sobre todo los financieros.
Al gobierno de Francisco Ramírez Acuña se le puede señalar por su distorsión del concepto de la administración pública y la representación popular. Se olvidó de la función primaria de servicio a la sociedad para enfocarse en un concepto rebasado de ejercicio de poder. Con una concepción de la teoría política de las postrimerías del feudalismo, abrazó con entusiasmo la Razón de Estado. Rendían culto al poder con una pasión digna de mejores causas y actitudes impregnadas de un fuerte tufo de cortesanía provinciana, a la que han resultado tan afectos los gobiernos emanados de Acción Nacional. Favoreció sin rubor alguno el gobernador a los grupos que lo apoyaron en sus proyectos personales, otorgando prioridad a sus ambiciones políticas sobre el servicio público. Su gobierno fue un ejercicio sin objetivo ni método, lo que lo llevó a ser una administración anodina e ineficiente.
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