LA READAPTACION SOCIAL

El tema de la readaptación social en Jalisco y en todo el país es un tema largamente aplazado. Si bien no es un asunto fácil de resolver, nuestra cultura asumió una posición humanista al considerar que todo ser humano que se ha equivocado tiene derecho a ser reincorporado a la sociedad mediante la readaptación. La propuesta surge del principio que todo hombre es susceptible de equivocarse, bien puede ser por temperamento, por una educación deficiente, o como quería Ortega y Gasset por influencia del medio en que la persona se desenvuelve.

De cualquier manera el hombre es un producto de una sociedad en determinado momento, para que luego esa sociedad se quiera desentender de él porque siente que la daña o agrede, sin considerar las causas que provocaron esa conducta. Así la propia sociedad tiene la obligación de buscar se reintegre a su seno, brindándole la oportunidad de reformar su actitud y conducta.

Sin embargo la propuesta humanista no ha prosperado por la simple y sencilla razón de que la sociedad nuestra no ha encontrado la forma de hacerla efectiva. Las resistencias van desde una administración pública viciada y burocratizada, hasta las más elementales razones, la corrupción, la indolencia, la improvisación.

En la realidad lo que hemos venido haciendo es tomar a los presuntos delincuentes y encerrarlos para que no sigan molestando a la sociedad. Los criterios que se aplican son en realidad primitivos y elementales. Unicamente nos preocupa que no haya las suficientes cárceles para tener encerrados a quienes delinquen o violan las normas que tenemos establecidas, tampoco al parecer nos preocupa mucho si quienes los encierran llevan adecuadamente los procedimientos y las razones reales que tienen para aplicar determinados castigos, los que generalmente se vuelven inhumanos y mucho más crueles que lo que el presunto delincuente causa en muchos de los casos.

La deshumanización de los lugares de reclusión cabe aclararlo no es un asunto solamente nuestro, pongamos por caso uno de los países con mayor desarrollo democrático como los Estados Unidos de Norteamérica, lugar en que incluso no tienen mayor escrúpulo para aplicar la pena de muerte, aceptando de antemano que la persona no tiene alternativa alguna de regeneración.

Cabe aclarar que en el caso de Norteamérica el tratamiento de quienes se considera delincuentes contiene un claro contenido religioso, o moral si se quiere y parte de un principio elemental del bien y del mal. De esa manera el mal tiene que ser castigado de forma implacable. Responde sin duda esa concepción al sedimento religioso protestante en que está construida esa sociedad. Así no es posible entender que el hombre es capaz de hechos trascendentes en su vida, incluyendo el cambio de conducta. Considerada así la conducta del hombre es una especie de determinismo, y si se quiere más allá de su propia decisión, el hombre nace bueno o malo, la definición es muy simple, el hombre no tiene elección en ningún momento, ni aun con educación o tratamiento médico en su caso.

El otro extremo lo representó el sistema soviético en el que como parte de la idea de un principio de amoralidad, el marxismo, tenía que justificar de alguna manera la conducta del hombre y entonces era una enfermedad la delincuencia y así las cárceles se convirtieron en otro concepto de la crueldad humana, reclusorios y sanatorios mentales. Tratamientos médicos forzados y así médicos mentales burocratizados aplicaban recetas administrativas a los supuestos enfermos para lograr su recuperación. En esta categoría quedaban también quienes representaban una amenaza para el Estado socialista.

No quiere decir de alguna manera que no haya delincuentes enfermos, de hecho se acepta que los hay, sin embargo el origen de la infracción es múltiple. Lo que no existe es el diagnóstico adecuado para el tratamiento, como no existe un tratamiento múltiple para la actitud o conducta infractora. Un sistema de readaptación debe ser de un análisis que permita construir objetivamente el diagnóstico de recuperación y en los casos en que esa no sea posible, así determinarlo y buscar la ubicación de la persona en un lugar en el que no cause daño y sin embargo con un trato digno y humano. Ese debe ser el caso extremo, cuando al individuo se le declare medicamente no curable e inimputable como consecuencia.

Sin embargo para llegar a los puntos señalados muchas personas pueden considerar que es la utopía, que en este momento es tan grave el problema de seguridad pública, que lo que necesitamos es encerrar o recluir a quienes están violentando la vida de nuestra sociedad. Y si hemos de ser congruentes en el planteamiento para recuperar de alguna manera la libertad de transitar y vivir con tranquilidad, aceptaremos que en este momento no queda otro remedio que detener y encerrar a quienes han hecho de la violencia una forma de vida a costa nuestra y de las familias.

Sin embargo aun para llegar a ese punto elemental es necesario tomar algunas medidas administrativas, para lo que se requiere cierta capacidad de respuesta y organización, que no necesariamente los gobiernos han podido o querido realizar. En primer lugar se necesita crear más espacios para los recluidos para despresurizar los reclusorios que se encuentran sobrepoblados, en segundo brindar condiciones mínimas para bajar la tensión a la que están sujetos los detenidos. Para ambos casos es condición primera la eficiencia de la administración y sobre todo responsable y honesta. Fue conocido por todos como en los reclusorios de Jalisco en la última revisión realizada por corporaciones federales encontraron drogas y armas en los dormitorios de los reos. Ello sin considerar que quienes tenía poder económico gozaban de privilegios, además de convertir los reclusorios en centros de autogobierno.

Como corolario de la información que generaron los medios fue señalar a familiares del gobernador como quienes administraban la corrupción. Es claro que ese es el peor de los caminos para resolver ya no digamos el trato digno y sano a los recluidos, sino para tener condiciones mínimas que nos permitan recuperar la tranquilidad perdida, a través de una seguridad pública articulada.