LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

La aspiración de cualquier sociedad es mejorar sus formas de convivencia y éstas solamente se pueden desarrollar en una estructura sólida de valores. Para la comunidad uno de los bienes más preciados es la justicia, porque a través de ella se logra la vida en armonía, es además la garantía de que a cada persona se le otorga lo que le corresponde. Uno de los símbolos que caracterizan el nivel de civilidad es la aplicación del Derecho de manera ágil e imparcial, por consecuencia la obligación de cualquier Estado es su impecable ejercicio. Sin embargo para los jaliscienses por los vicios en que tradicionalmente se ha encontrado inmerso, el Sistema de Justicia deja mucho que desear. Se le percibe envuelto en una persistente corrupción, sus actuaciones se caracterizan por la parcialidad, sus procesos son burocratizados y lentos y la población lo ve como un ente de cara deshumanizada.

Cuando Flavio Romero de Velazco asumió la gubernatura del estado en 1977, afirmó que la Justicia de Jalisco era una caricatura del Derecho. Se refería el gobernador a que la Justicia en los seis años anteriores, había estado secuestrada por un grupo de malvivientes. Era públicamente conocido que algunos despachos disponían de los juzgados como si fuesen propios.

El antecedente de los decenios cincuenta y sesenta había sido de una justicia impecable, los magistrados y jueces eran reconocidos por su intachable conducta y su vasta cultura jurídica. Dicha situación entró en crisis a partir del año de 1970, sin embargo, se atribuye el germen del fenómeno al sexenio de Juan Gil Preciado, en que el grupo gobernante empezó a promover a sus amigos a los puestos clave del Poder Judicial.

Cuando se impulsó la Reforma Política de 1996 el estado de la Administración de la Justicia era lastimoso. El presupuesto era raquítico y como consecuencia los sueldos de hambre, los servidores públicos judiciales ganaban una quinta parte de lo que obtenía un funcionario federal de su nivel. Así la necesidad fue un pretexto recurrente para recibir dinero de los abogados o las partes en litigio, una de las prácticas reconocidas y aceptada era que el secretario de juzgado debía pagar de sus ingresos los gastos administrativos del órgano judicial. Cada actuación judicial tenía un precio, desde una audiencia hasta una ejecución, lo mismo una copia fotostática simple como una certificación.

El primer acuerdo que se tuvo en la mesa de la Reforma Política aprobado por unanimidad incluido el Poder Ejecutivo, fue mejorar el presupuesto del Poder Judicial. También se estableció crear un órgano de administración y gobierno del poder judicial, que tendría entre sus funciones profesionalizar la administración y sobre todo realizar en forma escrupulosa los nombramientos de los funcionarios judiciales, eligiendo personas con antecedentes profesionales y de honestidad intachables.

Sin embargo al ser saboteada la reforma, quedaron en el limbo las decisiones complementarias que deberían llevar al Poder Judicial al nivel deseado. Entre otras limitaciones por ejemplo, no se estableció como se habría de ejercer la mejora presupuestal, situación que aprovecharon los magistrados para distribuirse el presupuesto en bonos y prestaciones irregulares. Sin embargo no ha sido ajeno a estas corruptelas el Congreso del Estado, que no se preocupó de reglamentar las aplicaciones presupuestales, hasta que la presión social lo obligó a terminar con el manejo discrecional de los recursos.

La responsabilidad del Poder Legislativo en el rezago de la administración de la justicia no ha sido menor, jamás se ha preocupado de ejercer su función de auditor con este sector, que se maneja de manera abusiva. Sin embargo, el papel más degradante de los legisladores ha sido el de prestarse a los acuerdos de los grupos de poder, que se reparten los nombramientos como posiciones. Así inició la aparición de personajes de fama pública cuestionada como magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Administrativo y en el Tribunal Electoral.

Para los conocedores del tema existe un desequilibrio entre los integrantes del Consejo de la Judicatura, al predominar entre los consejeros los especialistas de derecho penal siendo una de las ramas más susceptibles a la corrupción, sobre los de otras especialidades. Entre otras distorsiones que se generan, imponen criterios de su especialidad sobre las otras vertientes de la justicia, como la civil y la mercantil, en la designación de los funcionarios para las distintas disciplinas.

Los abusos además se presentan en cascada, el Consejo de la Judicatura manipula con descaro el procedimiento para nombrar funcionarios al interés de los consejeros. Directores del Consejo, jueces, secretarios, actuarios y todo tipo de servidores judiciales son nombrados por recomendación y procesos simulados, en lugar de ser escogidos por sus méritos profesionales y personales. Los nombrados son así a final de cuentas posiciones políticas o de grupo, destruyendo cualquier posibilidad de impartición de justicia imparcial y honesta. Los procesos de designación de servidores se convirtieron de esa manera en instrumentos de colocación de incondicionales de quienes ejercen el poder real, degradando a todo el Poder Judicial.

Ejemplo patético de las prácticas corruptas que se ejercen fue la distribución de las direcciones del Consejo de la Judicatura entre los familiares del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el secretario de gobierno de Francisco Ramírez Acuña. En ese caso como en otros asuntos el Congreso ha sido omiso en vigilar al Consejo, permitiendo las decisiones ilegales que someten al Sistema Judicial y sus instancias a grupos sin escrúpulos.

Casos aberrantes de la práctica del derecho se presentaron en el año de 2003, en que pasada la elección local y por diversas causas atribuibles a los defectuosos procesos electorales, los inconformes con los resultados buscaron en alzada la intervención del Tribunal Electoral del Estado. En este caso el titular del Poder Ejecutivo y el presidente del PRI estatal decidieron en previas y salomónicas reuniones que municipios debería ganar cada partido, girando las instrucciones respectivas al Tribunal Electoral. Mismo que se apegó en sus resoluciones al guión establecido por sus instructores, atendiendo de manera obsequiosa las instrucciones de sus mandantes, en un denigrante procedimiento de impartición de Justicia Electoral. Dicho tribunal había sido integrado en su momento como todas las instancias del Poder Judicial, mediante oscuros acuerdos de los grupos y los partidos.

Era consenso entre los conocedores del tema que en el sexenio de Ramírez Acuña se habían presentado diversos abusos, donde los grupos partidistas de las dos legislaturas se distribuyeron de manera burda la designación de magistrados y consejeros, degradando a la justicia y a sus instituciones. Faltaba una nueva etapa en el proceso degenerativo, la primera legislatura del siguiente sexenio inducida por los poderes fácticos, en un solo trámite logró destrozar la dignidad y el prestigio de los poderes Legislativo y Judicial. El procedimiento en una institución que se precia de ser seria y honesta, debió haber sido la creación de voluminosos expedientes por la Comisión de Justicia. Para los ratificados o despedidos, un minucioso historial de sus actuaciones como funcionarios judiciales que incluyera las quejas sobre sus actuaciones ministeriales, un detallado análisis de las ponencias y tesis surgidas de los asuntos conocidos en sus salas, así como el razonamiento de su voto en procesos de difícil definición.

Debieron haber sido trámites obligados del proceso la revisión de su imagen dentro del poder judicial y entre los litigantes, así como la opinión de agrupaciones de profesionistas ligadas al ramo de la Justicia y de las escuelas de Derecho. Sin embargo con criterios primitivos y resultados a su conveniencia manipularon las magistraturas, con quienes respondieran a su mando. Lograron de esa manera superar con creces las hazañas de sus predecesoras y surgieron enlodados de origen, los nuevos patriarcas de la justicia que cuidarán de los derechos de los jaliscienses.

Los nuevos funcionarios deberían de surgir del reconocimiento profesional y social, con las mejores calificaciones de probidad y calidad humana, de la certeza de que su presencia enriquece el mundo de la Justicia. Sin embargo, domina la regla de la conveniencia y del abuso, con el procedimiento se nombran sin trámite alguno a magistrados dóciles a los personajes que manejan los partidos políticos y que invariablemente serán funcionarios atentos y solícitos a sus peticiones.

El resultado de tales prácticas de elección de funcionarios judiciales, es una Justicia parcial y corrompida, con actuaciones que tienen un precio, magistrados que patrocinan asuntos en las instancias inferiores y un Derecho manipulado por los grupos de interés.