La
iniciativa presentada por la Presidencia de la República para integrar las
policias municipales a una estatal, como era de esperarse ha generado diversas
reacciones. Desde la protesta por desaparecer una de las funciones emblema de
la descentralización municipal hasta la amenaza al federalismo mexicano, tema
de casi dos siglos de discusión en el país. Otros segmentos de la sociedad ven en
la medida la oportunidad de salir del atolladero en que se encuentra la
seguridad pública.
La
decisión fue tomada bajo la enorme presión a que está sujeto el Gobierno Federal
a partir de los escándalos cuyo detonador fueron los hechos de Iguala Guerrero
con la asociación de la policía municipal y un grupo delincuencial, que derivó
en la muerte de varios jóvenes y la desaparición de otros.
Si
sumamos a la resistencia que el actual gobierno ha enfrentado con importantes
sectores del país, entre ellos el de los jóvenes que cuestionan su legitimidad y los abusos que han cometido personas cercanas al actual mandatario, tenemos una
mezcla difícil de procesar. La irritación popular se conjuga con el
consiguiente descrédito internacional y de lo que se han sabido aprovechar los
grupos desestabilizadores con tintes anarquistas. Tenemos además la molestia de
los sectores productivos y los grandes capitales, amén de la de las clases
medias que cargan en la espalda los impuestos en oposición de quienes
viven en la informalidad con la tolerancia del Estado.
Es
clara la intención del gobierno federal de brindar resultados en el corto plazo
sobre la seguridad pública en los estados, además de neutralizar la acción de
las policías municipales contaminadas con la delincuencia. Tampoco se debe
menospreciar la urgencia por crear condiciones favorables para los proyectos
económicos de este gobierno y sobre todo para la economía nacional que se ve amenazada
por tormentas internacionales. Si las condiciones no son propicias para la
inversión y le sumamos inestabilidad política e inseguridad, tenemos la fórmula
infalible para una crisis económica.
La
actual circunstancia ha obligado al gobierno a adoptar posiciones audaces y de
cierto grado de riesgo, que traen aparejadas además resistencias y dudas de la
población. En esta etapa la propuesta del Gobierno Federal está en discusión de
las distintas bancadas del Congreso Federal y a pesar de la urgencia y aun
desesperación del gobierno por avanzar, se ha enviado la iniciativa para un
siguiente periodo de sesiones, lo que indica entre otras cosas las posiciones
encontradas, además del temor de caer en errores que en lugar de resolver
compliquen el escenario.
Por
declaraciones del Secretario de Gobernación nos damos cuenta que el interés del
gobierno federal es hacer procesos sumamente rigurosos, por ejemplo afirma que
se revisará la actuación de cada uno de los policías que se integraran a la
Policía Unica Estatal, lo que se interpreta que los exámenes de confianza
aplicados en los estados, cuando menos en los cuatro con que se inicia el
proceso no son confiables. Además afirma que se capacitará al personal por la
Academia Nacional en la ciudad de México, lo que nos induce a pensar que
tampoco confían en la calidad y capacidad de las academias estatales,
certificadas por cierto por la misma Academia Nacional. Debe considerarse
además los rigurosos perfiles que exige la normatividad del Sistema de Desarrollo Policial.
Encontrar
el número de policías necesario, significará un enorme reto por la dificultad
que implica que los jóvenes se interesen por las convocatorias para la carrera
policial en el Estado, por la desconfianza que genera la descomposición de las
corporaciones y sus mandos policiales. Para superarlo se debe de crear todo un
cuerpo de dirigentes con liderazgo y hacer de la carrera policial un asunto creíble, lo que se observa bastante difícil lograr en el corto plazo.
Si
consideramos que en el Estado hay doce mil policías con problemas de perfil,
contaminación de la delincuencia organizada y de capacitación, después de una
selección rigurosa que dicen se aplicaría, no exageramos que pudieran quedar al
final menos de seis mil elementos. Un número razonable de policías en el Estado
debe ser de más de veinte mil, para lo que se
tendría que reclutar y capacitar a cuando menos catorce mil en un término menor
de dos años, lo que se antoja difícil de lograr. Esa es una de de las debilidades estructurales del proyecto
planteado por el Gobierno Federal. Además de que significará un fuerte gasto mantener
en capacitación durante seis meses a ese número de
personas.
Si
bien se están considerando sueldos razonables para quienes se dediquen a la
labor de la seguridad pública, no es el único elemento a considerar, en algún
momento ni siquiera será el principal. Quienes quieran hacer carrera policial
habrán de buscar señales de seriedad en quienes dirigen el proceso, de respeto
a la normatividad en la aplicación de la justicia, y desde luego a la Carrera Policial, y sobre todo honestidad de quienes conduzcan
los procesos y la operación de la corporación.
Todo
un reto tienen entre sus manos las autoridades federales y estatales para
arrancar y consolidar la primera etapa del proyecto de Policía Unica Estatal. Agrava
sus dificultades la desconfianza y sobre todo la historia de corrupción e
impunidad en que se ven envueltas las actividades relativas a la Seguridad
Pública.
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