Los
hechos de Ayotzinapa vinieron a desatar una serie de acontecimientos que
pusieron al borde de la crisis al país. La magnitud del evento y su crueldad, sacudió la conciencia nacional e internacional generando
una enorme presión sobre el Gobierno Federal. Dicho sea de paso venía aplicando
una política diseñada para no confrontar violentamente al crimen organizado, al
partir de la idea de que al minimizar su presencia en la opinión pública, permitía
un margen de maniobra para resolver lo urgente para el régimen, las reformas
llamadas estructurales.
Algunas
de las líneas de dichas políticas fueron reconocidas abiertamente como evitar su promoción en los medios, y otras quizá fueron aprovechadas hasta por ignorancia
y que generaron un espacio de tiempo que no llegó a los dos años, para operar el
proyecto estratégico. En este caso por ejemplo nos referimos al robo de combustible
que genera enormes ganancias y está considerado extrañamente un delito menor, lo
que permite a los infractores alcanzar la libertad bajo caución. Lo anterior
genera la duda sobre si no es un delito inducido para que la delincuencia minimice su actuación en otros
delitos que generan mayor violencia.
Por
las dimensiones que el delito de robo de combustible ha alcanzado, hay quien
considera que genera ingresos para la delincuencia, superiores a los que
obtiene de la producción, transporte y comercio de droga. Sin olvidar lo que la
prensa ha registrado sistemáticamente, la complicidad de personal del propio
PEMEX, así como de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.
La
tolerancia a los grupos delincuenciales, si es que no nos referimos a complicidad,
se viene presentando de varios sexenios, incluyendo desde luego los de Acción
Nacional. Por la gravedad de las
manifestaciones violentas y la desintegración social que llevaba aparejado, Felipe
Calderón se vio obligado a desatar la lucha contra algunos de esos grupos,
generando entre otras consecuencias violación sistemática de los derechos
humanos, como desaparición forzada de personas, tortura y ejecuciones
extrajudiciales.
Sin
embargo para enfocar el fenómeno aunque sea de forma general debemos considerar
además de la corrupción y la impunidad como eslabones de la cadena de los
vicios, la ausencia de instituciones profesionales y sólidas en materia de
seguridad pública y procuración de justicia.
Para
el caso de la Procuraduría General de la República, atendiendo a una dañina
práctica de todos los gobiernos, en el sexenio anterior prácticamente se
desmantelaron las áreas de investigación, periciales y del Ministerio Público.
En el inicio del presente gobierno fue patente como el Procurador se resistía a
realizar algunas actuaciones ministeriales, por no tener los equipos adecuados,
situación que ha mejorado. Sin embargo dichos procesos de institucionalización
llevarán un largo periodo de tiempo para alcanzar la maduración necesaria en recurso
humano. Situación que se resiente en este momento que al atender el problema de Ayotzinapa, se dejó
de investigar el secuestro y muerte del diputado federal del PRI en Jalisco.
En el
caso del ejército que ha sido utilizado para enfrentar la violencia de los
grupos organizados, se presentó la crisis sobre todo en el sexenio pasado al
involucrarlo en forma sistemática y terminó por generar graves violaciones de derechos
humanos. Además de que los problemas de violencia en las áreas o regiones donde
fue desplazado no fueron abatidos. En la actualidad es una tarea pendiente resolver
todos los asuntos de derechos humanos ligados a su actuación. Considerando que
no es un órgano con formación, conocimiento y capacidad policial, debiera
permanecer al margen de dichas funciones. Cabe decir que en algunos de los
casos en que ha sido utilizado por el actual gobierno, se ha optado por ponerlo
bajo la conducción del Ministerio Público Federal, que lo limita en decisiones
y actuaciones discrecionales.
En
lo que se refiere a la Marina tuvo en el anterior sexenio dos vertientes, el
trabajo territorial, en el que también fue acusada de graves violaciones de los
derechos humanos como torturas y desaparición de personas y la segunda que ha
sido la de operaciones quirúrgicas en contra de personajes destacados de los
grupos delincuenciales.
En la
Policía Preventiva Federal se localizan dos tipos de policía, la que podríamos
llamar tradicional y que sobre todo en el sexenio de Calderón fue operada y
manipulada de manera arbitraria y en no pocas ocasiones se le tachó de corrupción,
destacadamente los mandos cercanos al Secretario de Seguridad Pública Federal.
El segundo caso que se conoce como Gendarmería y que habiendo sido diseñada
para operar cuando menos con un número de veinte mil elementos, arrancó apenas con
cinco mil, lo que considerando la magnitud del problema que vive el país, es un
débil intento.
No debe
dejarse de lado el abandono en que se tiene al Sistema Nacional de Seguridad
Pública, con órganos tan importantes como la captación y generación de
información criminal, policíaca y tecnológica que apoyaría a todas las corporaciones
en su labor y que por ignorancia fue abandonado. Además de conducir la capacitación
y la profesionalización de las corporaciones estatales y municipales que han resentido
un notorio relajamiento.
Así
las cosas no debe extrañar la resistencia de los funcionarios federales de alto
nivel para involucrar al gobierno en la tarea urgente de enfrentar la
delincuencia organizada. Sin embargo los hechos recientes y la presión nacional
e internacional han hecho del gobierno federal un objetivo de permanente y
severa crítica, por lo que no se tiene otra alternativa que enfrentar los
grupos que desestabilizan al país y generan crisis económica, social y política.
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