El segmento empresarial que genera del ochenta
al ochenta y cinco por ciento de la mano de obra del país, está pasando
probablemente por la mayor crisis de su historia. Si tradicionalmente ha sufrido
lastres que no le permiten despegar, las recientes reformas fiscales la han
puesto al borde de la desaparición.
En general toda la empresa del país pasa por una
constante crisis, considerando que desde hace varios años sobre todo a partir
de 2009 han estado sujetas a las crisis de la economía mundial. Desde la
pequeña tienda que atiende su propietario, generalmente personas de edad mayor,
que por un lado se encuentra sujeta a la amenaza de la competencia depredadora
del gran capital a través de supermercados, que ejerciendo una competencia
desleal acaban con los pequeños negocios, y por el otro los pequeños negocios no encuentran la forma de cumplir con los requisitos formales de la
facturación electrónica, porque no saben operar una computadora y además el
negocio no rinde lo suficiente para pagar los servicios de un contador.
Otras empresas están en constante zozobra por cumplir con
todas las reformas legales que potencialmente las afectan. Los empresarios se
encuentran atrapados en las redes burocráticas de un Sistema de Administración
Tributaria, que no ha actualizado sus procedimientos electrónicos para realizar
las operaciones con la agilidad necesaria para atender a todos los demandantes,
tampoco agiliza los procesos de tramite personal, porque por ejemplo, para
hacer un cambio de domicilio se tiene que hacer guardia en las oficinas del SAT
desde la madrugada para ser atendido en el transcurso del día, entre otras
barbaridades.
No debe dejarse de lado que las instituciones tributarias
no se han preocupado de precisar las formas y procedimientos adecuados de pago,
lo que inhibe por desconocimiento del manejo de los sistemas electrónicos
financieros a través de cuentas bancarias, por ejemplo. Esa es la causa por la
que muchas empresas dejan de actuar por temor a caer en un problema que les
genere multas u otro tipo de inconvenientes, lo que lleva a un problema de
falta de circulante en el mercado.
Además de que leyes como contra el lavado de dinero,
han provocado fenómenos secundarios que
afectan e inhiben el movimiento de capital. Por temor a caer bajo la
observación fiscal, muchas personas dejen de realizar operaciones de
compraventa de bienes inmuebles, lo que a decir de los Notarios Públicos, dicho
movimiento ha caído en un sesenta por ciento. Fenómeno similar debe de
observarse en otro tipo de actividades como las ventas de automóviles nuevos.
Fenómenos que no se previeron para resolver sus consecuencias con el menor
efecto posible a la economía del país.
Quizá el mayor problema lo resienten los contribuyentes
al convertirse en rehenes de atrasados sistemas tributarios y están pagando las
aberraciones que se generaron a partir de los acuerdos de las principales
fuerzas del país para las reformas estructurales. Sin embargo al inhibir los impuestos
al consumo que son los más fáciles de procesar para los sistemas tributarios,
dejaron todo el peso del ingreso del Estado en los llamados contribuyentes
cautivos, que sobreviven con mucho esfuerzo ante las recurrentes crisis
económicas y que los lastres de administraciones populistas mantienen al borde
de la ruina.
Sin embargo mucha de la responsabilidad recae en las
autoridades hacendarias del gobierno actual que no han tenido la sensibilidad y
parece que tampoco la visión económica de aceptar que están entrampando a las
únicas fuentes de empleo, mismas que arrastran con dificultad lastres que no
les permiten su consolidación. Además de tener que soportar abusos sindicales y
sistemas oscuros de aplicación del impuesto, son asfixiadas y perseguidas por
quienes debieran apoyarlas para su desarrollo.
Todo ello implica que la ceguera de los gobiernos para
entender a instituciones que sobreviven evadiendo las grandes dificultades que
las burocracias les impone, puede llevar a crecer en forma exagerada el
desempleo en un país en el que de por sí se obtienen salarios irrisorios.
Además de injusto es peligroso presionar a las empresas a ese nivel.
Falta además que al imponer un salario mínimo
desproporcionado a la realidad que se vive, afecten un sinnúmero de disposiciones
legales, como por ejemplo los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Condición
que acabaría de colapsar la precaria administración y limitada capacidad
financiera de las empresas. En tanto la administración pública se preocupa por
proteger a los grandes inversionistas, olvida los pequeños empleadores.
Los países de América Latina recaudan apenas del
dieciocho al veinte por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que los
dieciocho países de la Euro Zona recaudan el cuarenta y cuatro por ciento, esto
es menos del cincuenta por ciento recaudan países como México. Con el agravante
que nuestro país basa su recaudación en el impuesto petrolero.
Se estima que más de la mitad de los trabajadores del
país viven de la economía informal, si bien las razones son múltiples por las
que dichas personas prefieren vivir en la informalidad, es de considerar que
los gobiernos han sido incapaces de incorporar a la participación activa a esos
sectores. En los últimos días el gobierno federal ha lanzado una campaña para
regularizar la economía informal, sin embargo las opiniones de los conocedores
del tema es que está mal enfocada, por lo que no prosperará ese programa. Un
país en el que descansa en menos de la mitad de sus habitantes la carga del
gasto público, más allá de la injusticia que se comete no puede ser viable.
Se debería hacer precisamente lo contrario, es decir
apoyar al fortalecimiento de las PYMES, creando sistemas de recaudación ágiles,
permitiendo que los empresarios conozcan con claridad como efectuar sus
transacciones, a la vez que capacitándolos para que mejoren su productividad y
sean competitivos. Ello llevaría necesariamente a crecer la economía a la par
que las empresas, generando el círculo virtuoso de más empleo y mejor
retribuido.
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