JALISCO FIEL DE LA BALANZA DE 2018

El PRI se encuentra en una frágil posición para la elección de 2018 a partir de las decisiones de candidaturas en el estado de Jalisco, que pueden generar una reacción en cascada que afectaría fatalmente la elección presidencial. La condición del estado se convierte en estratégica ante la elección nacional al presentar posibilidades de recuperación por el PRI, al tiempo que es uno de los siete estados que en suma contienen más del cincuenta por ciento de los electores del país.

Las entidades que mantienen esa jerarquía son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León. Al inicio de la actual administración federal el PRI mantenía el dominio electoral en cuatro de ellas, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Los pésimos gobiernos llevaron las elecciones a la pérdida del PRI en tres de ellas, el gobierno del estado en Nuevo León que quedó en manos de un candidato independiente,  Jalisco que pierde con sus candidatos a diputados y presidentes municipales con un 28 por ciento contra el 30 por ciento de Movimiento ciudadano y Veracruz en el desastre político y electoral que es entregado a un gobernador promovido por Acción Nacional. El gobierno del Estado de México por su parte lo mantiene el PRI con un precario poco más del treinta por ciento de los votos.

Ante la debilidad del PRI en Veracruz y Nuevo León solamente queda la posibilidad de recuperar Jalisco, para lo que es necesaria una escrupulosa selección de candidatos, especialmente en los diez municipios más poblados, que contienen el setenta y uno por ciento de los electores.

Sin embargo la amenaza viene de dentro, ante la debilidad de un gobierno estatal perdido en la mediocridad y las corruptelas que lo han llevado al descrédito y la inconformidad social, se generan dos fenómenos paralelos y naturales, por un lado el rechazo social a cualquier funcionario ligado a la administración estatal y por el otro el temor de dichos funcionarios a ser sujetos a investigaciones que los sienten en el banquillo de los acusados.

Esa situación ha conducido al gobernador y sus pupilos a dos acciones para protegerse, por un lado en complicidad con Movimiento Ciudadano que a su vez se siente amenazado por razones similares, a crear un sofisticado procedimiento de  fiscalías y órganos de auditoría a modo, que puedan ser conducidas y manipuladas para evitar cualquier afectación. Por otro realiza el gobierno del estado un activismo desproporcionado para apoderarse de las candidaturas del PRI.

Las condiciones han llevado al PRI a una situación inédita que dificulta la toma de decisiones adecuadas y con la debida agilidad para obtener el triunfo en la elección de 2018. Los procesos electorales tradicionales permitían generar una candidatura a la Presidencia de la República misma que obtenía la fuerza suficiente para inducir como candidato a gobernador a quien tuviera mayor fortaleza electoral, a la vez que le permitía a éste el manejo del PRI estatal con candidaturas viables.

El actual marco legal ha llevado a empatar las precandidaturas federales y locales en un mismo periodo, lo que dificulta la intervención de los candidatos a presidente y gobernador en la inducción de las candidaturas. Esa condición limita las posibilidades de búsqueda de candidatos viables y que evitaría se convirtiesen en lastre en la elección principal. 

El ejemplo pernicioso lo presentó la reciente elección de Nayarit, en que los viciados candidatos del gobernador y su facciosa corte, llevaron a  la pérdida al candidato a gobernador.

Las circunstancias anteriores no han permitido canalizar las posiciones encontradas entre las dos corrientes de Jalisco, que se encuentran en tensión por sus diferentes intereses y objetivos. Por un lado el gobierno del estado que no ha logrado consolidar su posición ante la opinión pública y mantiene la carga negativa de la elección de 2015. Por el otro lado la única alternativa de competencia electoral para el gobierno del estado que es Arturo Zamora Jiménez a quien las circunstancias coyunturales no le han permitido influir en los procesos y decisiones estratégicas del PRI estatal. Complica además la solución la debilidad del gobierno federal para manejo de fuerza, como le ocurrió en el estado de Veracruz en la última elección para gobernador, situación que se repite en Jalisco con varios de sus elementos.

De continuar las condiciones actuales para que el gobierno del estado y sus grupos de interés impongan candidaturas, se está ante la posibilidad de colocar al PRI en una difícil lucha que lo puede llevar a los escenarios de la elección de 2015. Dicha situación significaría el veintiocho por ciento de una potencial votación del 55 por ciento de la Lista Nominal probable de cinco millones ochocientos mil electores que equivale a novecientos mil votos, cuando lo deseable en una competencia reñida con Movimiento Ciudadano será de 45 por ciento, con una aproximación a un millón cuatrocientos cincuenta mil votos

De mantener dicha situación los candidatos a la presidencia y al gobierno del estado solo tendrán dos salidas, la primera sustituir los candidatos, lo que los llevaría a un considerable desgaste de la marca, además de la dificultad de encontrar candidatos viables para el triunfo en un espacio corto de tiempo. La segunda alternativa es una forzada campaña de candidaturas de voto diferenciado, dejando atrás a sus compañeros de partido para que se hundan en su debilidad.

Si por otra parte consideramos que en la elección de 2006 Felipe Calderón obtuvo el triunfo por aproximadamente 250 mil votos, la pérdida de medio millón de votos representa una amenaza real para el candidato presidencial del PRI, en especial en una candidatura en disputa de tercios. Pérdida que se generaría con malos candidatos en especial a presidentes municipales de las diez ciudades más importantes del estado.

En ese escenario se presentaría un fortalecimiento electoral del candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro y del potencial candidato presidencial del Frente Ciudadano. Como efecto en cascada de las malas decisiones de candidatos del PRI, llevaría al debilitamiento y probable pérdida de la elección del candidato a gobernador, a la vez que del candidato a la presidencia ante MORENA y el Frente Ciudadano.