Las
administraciones públicas en Jalisco están inmersas en círculos viciosos conectados entre sí, que convierten cualquier alternativa en una vuelta en sí
mismos, hasta morderse la cola como si fueran seres reptantes.
Todo
parte de los intereses electorales, con el afán de tener campañas exitosas, las
financian con recursos públicos violentado cualquier escrúpulo político. Las
acciones inmorales las realizan los candidatos de todos los signos y tipos. Así se pervierte sobre todo a las administraciones que fatalmente se han
convertido en fuente irregular e ilegal de financiamiento.
No
quiere decir que sea algo descubierto recientemente, sin embargo a partir de la
década de los ochenta se quedó inmerso en el despilfarro y el financiamiento de las arcas públicas. En algunos casos se desvían los recursos
financieros directamente, en otros se aprovecha la obra pública y la
adquisición de bienes y servicios con porcentajes determinados, lo que a la par
que encarece las adquisiciones erosiona la calidad de gobiernos y funcionarios.
Todavía
en la década de los setentas las campañas se financiaban de la bolsa de los candidatos
y sus amigos, sobrias y basadas en el contacto personal del candidato con los
electores. A dicho fenómeno no han sido ajenas las prácticas de mercado
electoral, sobre todo a partir de la propaganda indiscriminada en busca del voto,
que paradójicamente se presentó a partir de la competencia democrática real en
el país. Conforme fue creciendo la influencia de los medios y las campañas
publicitarias, aumentó el gasto hasta llegar a proporciones aberrantes.
La
consecuencia inevitable ha sido que conforme aumenta la competencia electoral
entre partidos y candidatos, aumenta el despilfarro de gasto y el latrocinio de
los bienes públicos, paralelo además al abandono de la eficiencia
administrativa y la solución de los problemas de la sociedad a través de los
servicios públicos, que debiera ser el centro de cualquier propuesta electoral.
Todo
ello trae como consecuencia que conforme avanza la perversión clientelar de los
partidos y los procesos electorales, se distorsiona la administración pública.
El caso de Guadalajara sin que lo consideremos la excepción, nos muestra el
patetismo de las políticas públicas practicadas por todos los partidos
políticos. A partir de la década de los ochenta la población creció
apenas un veinte por ciento, en tanto que el número de los trabajadores
municipales aumentó más de cinco veces. Consecuencia de una administración convertida
en botín de funcionarios sin escrúpulos que pagan favores electorales con
bienes municipales que debieran estar destinados a los servicios.
Sin
embargo esa es solo una cara del poliedro de intereses que se desarrollan en el
entorno de la lucha electoral, Así los criterios de una administración decíamos
no descansan en el afán de la eficiencia y la solución de los problemas de una
comunidad, sino que se convierte en fuente de recursos electorales. El
objetivo de la administración se distorsiona de tal manera que los administradores
solamente buscan aplicar el gasto en aquello que puede generar recursos para
futuras campañas, lo que es lo mismo para satisfacer ambiciones personales
enfermizas.
El
afán de satisfacer el ego patético de candidatos y las ambiciones de sus
cómplices de aventura, que ejercen la mezquina función de agoreros y
cortesanos, disfrazados de operadores, replica el vicio en los distintos
niveles de las administraciones. Sin olvidar por supuesto a los familiares que participan alegremente
en el festival báquico de la depredación de bienes públicos a través de empresas simuladas.
Los depredadores
aplican el ejercicio de manera básica en gasto corriente y en obra pública, que
es de donde obtienen recursos para sus fines prioritarios. Por lo que se ejerce
un doble daño social, además de que lo que se adquiere o contrata no es de
necesidad elemental para la administración, tampoco se realiza en base a las características
y calidad que se requiere. La contratación de personal por ejemplo, además
de ser en cantidades superiores a las necesidades, se le contrata en base a
compromisos y complicidades y no de acuerdo a un perfil establecido por la función.
Los
compromisos de campaña por resolver determinadas necesidades, sobre todo en el
tema de los servicios públicos no tiene importancia, le apuestan al olvido al
tiempo que manipulan la información y los criterios antes que a la eficiencia y
el compromiso.
Así para
la seguridad pública compran cámaras de mala calidad y a sobreprecio, en lugar
de contratar personal suficiente y con perfiles adecuados, sin considerar que
aun cuando las cámaras tuvieran un servicio eficiente, se necesitará personal
capacitado no solamente para operarlas, sino para utilizar la información que
generen.
No
importa que por un lado se crean organismos metropolitanos de desarrollo urbano
para racionalizar el crecimiento ordenado de la metrópoli, en tanto los
municipios sigan autorizando fraccionamientos que en un tiempo corto habrán de
ser abandonados, con desperdicio y pérdida de recursos, sobre todo de quienes
los adquieren a través de sus fondos en los organismos de vivienda.
Sin atender entre otros asuntos la planeación de la vivienda considerando los centros de trabajo y el transporte público.
En
los vicios están inmersos lo mismo el gobierno federal como el gobierno del
estado con evidente ineficiencia, pero lo más irritante es la actitud indolente
de los gobiernos municipales que habiendo prometido atender los graves
problemas metropolitanos, actúan como si no existieran, en
tanto se desempeñan con superficialidad e inconsciencia.
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