EL FUTURO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Todo indica que la seguridad pública seguirá por la ruta de la improvisación y la inoperancia con que se ha conducido hasta la fecha. Los intentos que se han hecho hasta el momento no han logrado consolidar un proyecto viable de solución al grave problema que aqueja al País y al Estado.

Para empezar, el proyecto que impulsó a finales de 2014 el Gobierno Federal con el afán de crear las Policías Únicas Estatales y que tenía la pretensión de unificar criterios y esfuerzos municipales, estatales y federales, quedó empantanado en el limbo de las cámaras federales para convertirse en Reforma Constitucional. A la fecha se desconoce si el proyecto será retomado o simplemente se olvidarán de él. Menos se conoce cuales serán los caminos que seguirá la Seguridad Pública Nacional.

Por lo que se refiere al Gobierno Estatal, su intento de construir un modelo a partir de la centralización de las funciones de la prevención, la procuración de justicia y la readaptación de los infractores en la Fiscalía General, se encuentra entrampado en conflictos heredados de anteriores administraciones, al igual que la compleja conversión de procesos legales en prácticas operacionales, por el desconocimiento, falta de capacidad y torpeza de los encargados de dicha función.

Los municipios, en especial los de la zona metropolitana, no han logrado avanzar más allá de las nuevas y limitadas contrataciones, en especial Guadalajara y Zapopan, ya que sus academias se han encargado de desacreditar los procesos por su incapacidad y por escándalos en que se ven envueltos sus directivos en Guadalajara de acoso sexual y en Zapopan instructores y directivos por abusos físicos y verbales contra los alumnos, generando una deficiente formación, por consecuencia alejada de los patrones de capacitación y profesionalismo a que están obligadas.

Por la experiencia, las declaraciones de funcionarios y las acciones de los gobiernos, podemos ubicar los modelos que en este momento pudieran aplicarse en el Gobierno del Estado y las administraciones municipales, como los siguientes: el actual del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CALEA, el generado a partir de la experiencia del Distrito Federal y el que está desarrollando el Estado de Nuevo León en la Zona Metropolitana de Monterrey. Dichos modelos debemos agregar se complementan entre sí.    

El primero y que se estructuró en el anterior gobierno de Felipe Caderón, y que se deriva a partir de reformas constitucionales y de ley, descansa básicamente en la depuración y la profesionalización del personal, sumado a sistemas operativos básicos y de recopilación de información, a través de formatos de informe policial. Dicho Sistema se forma a partir de modelos internacionales y de la experiencia colombiana.

Otro modelo probado y reconocido es el que opera la organización conocida como CALEA, que fue creada por dirigentes de corporaciones de países desarrollados a partir de sistemas de organización empresarial y de calidad, aplicados a modelos empresariales exitosos. Su objetivo es ser operado como una empresa pública eficiente. De prestigio y operación internacional, exige certificación en sus procesos operativos y de calidad, como a cualquier empresa privada. Dicho sistema certifica la operación de las corporaciones cuando cumplen con los estándares de operación, productividad y calidad requeridos.

El tercer modelo que se ha implantado en el país tiene su origen en el Diagnóstico que el ex alcalde de Nueva York  Rudolph Giuliani aplicó en el Distrito Federal, en el periodo de la regencia de Andrés Manuel López Obrador. De dicho proyecto se derivaron acciones operativas que en el anterior gobierno abatieron en forma importante algunos delitos. Este modelo sin embargo tiene limitaciones, como el que se haya aplicado en forma parcial, solamente para abatir algunas manifestaciones de incidencia delictiva, dejando de lado los abusos de la policía al no realizar una depuración de las corporaciones. También se debe considerar que el universo en que se aplicó fue el de más de 9 policías por cada mil habitantes del Distrito Federal, en tanto que el promedio de la Zona Metropolitana de Guadalajara es de menos del 1.3 policías. Las limitaciones del modelo quedaron manifiestas cuando el gobierno federal pretendió trasladar la experiencia a las instancias nacionales con Manuel Mondragón en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que fracasó con contundente evidencia.

Por último está el modelo de sistema mixto, creado a partir de la iniciativa del Gobierno del Estado de Nuevo León, con la aportación de líderes empresariales y universidades del Estado. Ha logrado importantes resultados en la Zona Metropolitana de Monterrey y descansa básicamente en personal altamente calificado y una seria depuración. El modelo se inició con la creación en 2011 de la Policía Estatal de Élite llamada también Fuerza Civil, e integrada inicialmente por 422 elementos de la Marina, como respuesta apremiante para enfrentar las bandas del crimen organizado. Estos procesos requieren de tiempo para consolidarse, por lo que aún necesita madurar para su aplicación en todas las etapas de la seguridad Pública y territorialmente en todo el Estado de Nuevo León.

Las resistencias que tendrá cualquier modelo que se aplique en Jalisco serán sin duda la dificultad de coordinación entre los distintos actores, derivado de la desconfianza que existe entre las diferentes instancias, sobre todo a partir de las accidentadas campañas electorales, que dejaron sumamente lastimadas las relaciones entre los partidos y personajes que dirigen o habrán de dirigir las administraciones, federal, estatal y municipales.

Y quizá la mayor limitación vendrá a ser la financiera, dada la precariedad y el desastre administrativo en que se encuentran los municipios. Si le sumamos además la distorsión financiera en que se desenvuelven el Estado y los municipios, por su dependencia de las finanzas federales, mismas que todo indica, el año de 2016 estarán en punto de quiebra por la caída de los ingresos petroleros y la salida de capitales del país por el aumento de intereses de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Dichos escenarios nos obligan a ser poco optimistas en el futuro de la seguridad pública, que requiere además de una excelente coordinación de las distintas instancias y niveles de la administración pública, una fuerte inyección de recursos. Sea cual fuere el modelo que se escoja para resolver el ancestral y grave problema de seguridad en el Estado y sus municipios, tendrá que enfrentar fuertes resistencias y  grandes obstáculos.