El triunfo electoral de Cárdenas fue el de la alternancia en Jalisco, desplazando a los gobiernos del PRI que a esa fecha acumulaban enorme desgaste. Con su elección obtuvo además un margen electoral atípico, de veinte distritos locales Acción Nacional triunfó en diecisiete, lo que permitiría al nuevo gobierno hacer reformas de ley sin tener que negociar con la oposición. Sin embargo se entramparon en errores, actuando con prepotencia y los radicales le atribuyeron contenido ético al resultado electoral. Perdieron así la oportunidad de hacer un gobierno exitoso y de cambios trascendentes.
El gobierno fue de claroscuros, desde el nombramiento de sus funcionarios se dedicó a pagar facturas electorales, lo que lo llevó a integrar un gabinete ajeno al perfil para el difícil proceso de transición. El caso del secretario de gobierno fue emblemático, fue uno de los funcionarios más influyentes durante un largo periodo de gobierno, operó en medio de escándalos de corrupción en la adquisición de bienes, además llevó al punto de ruptura a los reclusorios, generando tensión y conflictos con saldo de internos muertos.
Cárdenas pagó cara su improvisación en la seguridad pública, al entregar la dependencia a la comandancia militar de la región, sin conocer los antecedentes de los personajes. Eso le generó conflictos que llevaron a la seguridad pública a las puertas del crimen organizado. Desconocía el gobernador que una de las acciones más complejas y difíciles es la relación con las corporaciones federales, que por naturaleza tienden a involucrarse en actividades criminales.
Las áreas locales deben llevar una buena relación con dichas corporaciones y cooperación recíproca, sin embargo tienen además la función de vigilar la actuación de dichos organismos, lo que permite a los gobiernos locales conocer su actuación e intereses. El gobierno de Cárdenas hizo lo contrario, el resultado fue que el director de seguridad pública terminó procesado por delitos federales, en compañía de quien había sido el comandante de la Quinta Región Militar. El siguiente titular de la dependencia fue Daniel Ituarte, separado de la presidencia municipal de Zapopan por escándalos de abusos. Esta nueva etapa no escapó a los señalamientos de torpeza, colusión con delincuentes y corrupción.
Los secuestros y los asaltos aumentaron exageradamente, aunque los primeros fueron abatidos paulatinamente con la asesoría de agentes del estado de Chihuahua. Los asaltos continuaron hasta el final de la administración y fueron señalados los mismos agentes de la Policía Judicial como los delincuentes, ante el disimulo de quienes dirigían las dependencias, así la Procuración de Justicia fue un desastre durante todo el sexenio. El funcionario nombrado procurador, asumió la titularidad sin ningún conocimiento de la función y desde su llegada perdió el control de la policía judicial, que endémicamente corrupta se pervirtió aun más. Los comandantes ejercieron el control de las bandas de delincuentes, propiciando de esa manera el crecimiento de los delitos y su impunidad.
Cuando el primer procurador dejó la dependencia para buscar una diputación federal su sucesor, otro improvisado, continuó por la misma ruta de la anarquía y la falta de control de los órganos de investigación, dejando la dependencia entre señalamientos de tortura a los detenidos. El tercer y último procurador no cambió las prácticas de la dependencia, era común que los asaltados cuando iban a presentar denuncia, se encontraran en las oficinas despachando a quienes los habían asaltado.
No fue ajeno el gobierno de Alberto Cárdenas a los señalamientos por manipular los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios para favorecer a determinados intereses. Uno de los escándalos se presentó durante el segundo trienio con el otorgamiento de contratos a despachos de León Guanajuato y el Distrito Federal, para la elaboración de los Planes de Desarrollo de las Regiones. Fue un abuso como fueron otorgados los contratos por la Secretaría de Administración. Como consecuencia los trabajos resultaron deficientes y a pesar de los señalamientos fueron pagados, como si hubiesen sido de calidad impecable.
Entre los empresarios de la construcción hubo inconformidad por la forma parcial en que se adjudicaba la obra pública. Las obras más importantes se otorgaron a empresas de funcionarios de la misma administración. Hubo además señalamientos sistemáticos de que se aumentaban los precios. Otra crítica recurrente al gobierno fue la realización de la obra sin planeación, predominando el interés coyuntural o la cobertura electoral.
Un sector de la administración sumamente afectado fue el del transporte público, se hizo una fuerte inyección de recursos, mismos que se perdieron entre las corruptelas de sus administraciones. Al término del sexenio Servicios y Transportes estaba en quiebra y el SISTECOZOME desmantelado. Grandes áreas de población urbana carecían del servicio, fundamentalmente de las colonias populares.
Una oportunidad que se presentó para lograr que el estado avanzara en el camino de las soluciones aplazadas, fue la reforma política a la que convocó Alberto Cárdenas en el año de 1996. La convocatoria fue atendida por los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado y conducida por el propio Poder Ejecutivo.
Arrancó el proceso con desconfianza de todos los actores, la mesa de trabajo la presidía el secretario de gobierno. Se avanzó en temas importantes como la Procuración y la Administración de Justicia. Cuando se habían establecido importantes acuerdos preliminares, el Presidente Municipal de Guadalajara, sin considerar el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de su partido, saboteó los acuerdos de la Reforma Política mediante un acto de represión a comerciantes afiliados al PRI.
Dentro de los saldos positivos de Cárdenas debe destacarse el programa de las regiones del estado aún con limitaciones. El impulso que lograron las áreas de promoción económica fue significativo, se vivió el auge de la industria de la maquila como consecuencia de la apertura de las fronteras en el sexenio anterior y las políticas implementadas por las administraciones locales. Se tuvo especial cuidado en apoyar ese sector, mismo que languideció por distintas razones posteriormente. Impulsó además la certificación de sistemas de calidad en algunas áreas de la administración como el CAPECE e implementó sistemas que agilizaron los servicios de atención al público como el Registro Civil.
Al gobierno de Alberto Cárdenas debe reprochársele no haber entendido a la sociedad que le otorgó un apoyo electoral fuera de lo común. Su elección fue la oportunidad para realizar el cambio hacía la eficiencia y la honestidad, no obstante prefirió entregarse en manos de los intereses que lo apoyaron en su campaña. Así lo que se obtuvo fue continuar con los mecanismos de manejo utilitario del poder y la permanencia y arraigo de la corrupción, con la ineficiencia como parámetro.
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