Uno
de los temas centrales que deben abordar quienes pretenden administrar el país,
el estado y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es el crecimiento
anárquico y agresivo en que predomina el interés utilitario sobre las personas
y sus comunidades. El interés de los candidatos se manifiesta en declaraciones con lugares comunes y retórica, hablan de generalidades y de buenas intenciones
sin que propongan algo concreto, que los comprometa a mejorar la vida de los
habitantes.
La
necesidad de vivienda de los pobladores del estado ha sido aprovechada por la voracidad
de quienes pretenden acumular riqueza a cualquier costo, incluyendo el despojo
de los ahorros de las familias. Esa condición ha creado constantes abusos, sumado
a la rapacidad de autoridades estatales, municipales y representantes populares
que se han prestado para modificar la normatividad.
El crecimiento
urbano anárquico y acelerado viene a partir de la década de los noventa, aunque
los orígenes son múltiples el primario es la comercialización de los ejidos, en
una perversión del uso del suelo con finalidad distinta a la que se previó en
el utópico proyecto del reparto de la tierra.
Fue
durante el periodo de Alberto Cárdenas en que se construyeron las condiciones
jurídicas para los grandes negocios inmobiliarios, con dos acciones centrales y
otras periféricas, la primera fue la derogación de la Ley de Fraccionamientos,
que condicionaba entre otras acciones la entrega del veinte por ciento de los
terrenos a urbanizar a los municipios para convertirlos en terrenos de uso
común, que se podían dedicar a parques y zonas verdes o bien construir iglesias
y escuelas, lo que privilegiaba y garantizaba espacios para la convivencia social.
La
Ley fue sustituida en 1998 por un Código Urbano que entre otras ventanas
favorables a los desarrolladores, permitía incorporar las áreas de donación al
desarrollo inmobiliario mediante la adquisición monetaria a los municipios.
Aquello además de dañar los bienes comunales permitió que los negociantes y los
funcionarios arreglaran bajo la mesa precios bajos por los bienes de uso común,
a cambio de beneficios personales irregulares para los funcionarios.
La
aprobación del Congreso del Estado de dicho Código a propuesta del gobierno de
Cárdenas fue rápida y expedita por los diputados del PRI, PAN y PRD. Los representantes
populares eran los líderes reales de los tres partidos, que hicieron caso omiso
a su papel de contrapeso, asumiendo los acuerdos y arreglos con extrema
diligencia entre rumores y sospechas de sumas de dinero que corrieron a sus bolsillos
de las cuentas bancarias de los desarrolladores.
La
segunda acción fue la creación de las figuras de Derecho Administrativo de la Negativa
Ficta y la Afirmativa Ficta que permitieron a un Tribunal Administrativo acomodaticio,
sustituir las decisiones de las administraciones municipales mediante
triquiñuelas. No debemos olvidar que los tribunales se convirtieron en espacios de los grupos de poder locales mediante denigrantes cuotas de poder.
Otro
factor determinante fue la intervención del gobierno federal en las políticas
de vivienda. Destacadamente en el INFONAVIT regulado por la Secretaría de
Hacienda que fija las condiciones para el otorgamiento de créditos y que la
intervención de agentes aparentemente externos, determinaba la certeza de un
mercado protegido con el ahorro de los trabajadores. Fue evidenciada
por los medios la intervención de los
hijos de Martha Sahagún, en el sexenio de Vicente Fox para poyar a la empresa Homex,
en la construcción del desarrollo de Santa Fé en el municipio de Tlajomulco de
Zuñiga.
Las empresas
de mayor poder económico que con el apoyo federal se apoderaron del control de
la vivienda fueron Homex, Geo y Urbi. En este sexenio y por razón de que perdieron
la simpatía de los funcionarios, les fue restringida la protección discrecional
de sus inversiones y cayeron en un bache financiero, que los llevó a la
bancarrota de la que aun no logran salir.
En
medio de los intereses y las corruptelas se encuentran atrapados quienes han
obtenido un crédito para adquirir una vivienda aportando sus ahorros de vivienda,
reunidos a través de su trabajo y que los gobiernos, las empresas
desarrolladoras y personajes sin escrúpulos han convertido en objeto de su
insaciable voracidad. Factores como el tamaño de la vivienda o la construcción
de fraccionamientos sin cumplir los requerimientos mínimos para su
habitabilidad que carecen de los servicios mínimos de alumbrado, agua, seguridad
pública, transporte público, que los municipios se niegan a recibir por no
cumplir los requisitos mínimos y que sin embargo fueron sospechosamente
aprobados para su construcción.
El
efecto es que muchas familias se han visto obligadas a abandonar las viviendas y
perder sus ahorros por las condiciones infrahumanas que se generan con la falta
de servicios, destrucción de vías, la violencia que provoca en la comunidad la
falta de seguridad pública con la consiguiente incidencia delictiva, consumo de
drogas y la proliferación de pandillas como fenómeno colateral.
Sumado
a todos los fenómenos que agreden al desarrollo armónico de las familias debe
considerarse el daño que se le ha causado al crecimiento equilibrado del estado,
al privilegiar la Zona Metropolitana con inversiones de los gobiernos, para
generar las condiciones favorables a los negocios inmobiliarios. Tampoco se ha actuado
en la protección de los recursos naturales que se afectan como el abuso del
agua para abastecer el entorno metropolitano, ni que decir de la incapacidad de
los gobiernos para atender el tratamiento de las aguas residuales que se
generan, entre otros muchos males en perjuicio de quienes viven en la Zona
Metropolitana y de manera indirecta en el estado.
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